Ley Servir: ¿qué efectos tendría la derogación del Servicio Civil?

Esta semana la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil y el decreto legislativo que crea la Autoridad del Servicio Civil (Servir). Asimismo, la medida establece la instalación de una comisión tripartita encargada de evaluar y proponer modificaciones normativas para mejorar los regímenes laborales del Estado, así como para la creación a futuro de un nuevo régimen.

“El Servicio Civil es un régimen que, en esencia, permite tener funcionarios debidamente calificados que acceden a un cargo público en función a sus méritos. En ese sentido, eliminar el régimen implicaría eliminar la meritocracia como mecanismo idóneo de acceso a la función pública”, afirmó Jaime Cuzquén, Associate Partner del Área Laboral de EY Perú.

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La iniciativa fue aprobada con siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. En caso llegue a aprobarse en el Pleno del Congreso, la comisión tripartita se instalaría en un plazo máximo de 30 días hábiles después de promulgada la ley. Tras ello, durante un plazo de 120 días calendario deberá de realizar una propuesta de mejora y unificación de los regímenes laborales existentes en el sector público. Además, preparará un proyecto de ley que regule de manera integral un nuevo régimen laboral para el Estado.

Las únicas especificaciones que presenta el proyecto son el reconocimiento de “los principios de interés público general, eficiencia, eficacia, igualdad de trato, no discriminación, provisión presupuestaria, transparencia y rendición de cuentas, integridad y ética pública, mérito y estabilidad laboral”.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, cuestionó que se busque crear un nuevo régimen cuando el Servir ya contempla los mismos principios que plantea el dictamen aprobado.

“Servir busca unificar no solo los regímenes laborales dispares que hay en el Estado, sino también generar meritocracia pública. No hay un motivo racional para crear un nuevo régimen o para que se liquide una entidad que ha venido funcionando bien y que no ha tenido apoyo de los Gobiernos con el paso de los años, no solo del actual, por su tecnicismo y profesionalismo”, explicó.

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En tanto, Daniel Paniura, asociado del área laboral en el estudio PPU, indicó que la creación de esta comisión tripartita es “ilógica y antitécnica” porque se le está dando las mismas atribuciones que hoy tiene el Servir.

“Se propone crear una comisión para la elaboración de un proyecto de que regule un nuevo régimen laboral de servicio público cuando ese es precisamente uno de los objetivos de Servir. Desde el Legislativo se promueve una vez más la desregulación, la desnaturalización del empleo público, al ser cómplices para la existencia de más regímenes laborales desordenados y que solo conceden empleos precarios”, dijo.

El Servir fue creado en el 2013 con la finalidad de gestionar los recursos humanos del Estado. Además, busca implementar la reforma del Servicio Civil, instaurando un perfil meritocrático para los funcionarios públicos.

El dictamen aprobado explica que hasta finales del 2023 solo 1.800 empleados públicos están adscritos a este régimen, lo que representa alrededor del 0,1% del total de trabajadores. También resalta que solo 15 entidades públicas culminaron su tránsito al Servir en ese periodo de tiempo. Más de 500 iniciaron su trámite.

“Hay una falta de voluntad política. Pocas entidades están en el Servicio Civil. Hay resistencia al cambio porque el Servir representa un régimen meritocrático, donde solo el personal de confianza puede ser nombrado sin concurso público, donde desaparece la contratación CAS, que es una puerta para contrataciones que no necesariamente se rigen por la meritocracia. Es un retroceso de al menos 10 años del intento de profesionalizar la función pública”, respondió Toyama.

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Cusquén, por su parte, indicó que el Congreso tiene la potestad de ejercer su función legislativa, pero cuestionó que presente una modificación tan drástica al Servir.

“Resulta inconsistente que el Congreso, Poder del Estado al que no se le aplica el régimen Servir, pretenda modificar o derogar el mismo. Lo ideal es que el Poder Ejecutivo presente una propuesta que mejore el sistema, pues es perfectible, para que el Congreso debata y apruebe la misma”, propuso.

Precisamente, la aprobación de propuestas que merman la profesionalización del sector público impulsarían a la contratación de personal con fines políticos o personales.

“Decisiones como esta no hacen más que agudizar una crisis Estatal en la regulación del régimen laboral de sus trabajadores, donde existe una serie de regímenes difuminados en el que imperan la desigualdad y discriminación, sobre todo en cuanto a los ingresos mensuales. Estas debilidades pueden ser usadas por los partidos políticos para incorporar a la estructura del Estado a personas que responden a intereses particulares”, agregó Paniura.

A través de un comunicado, el Servir expresó su preocupación por las repercusiones que tendría el proyecto aprobado, pues “afectaría los esfuerzos y logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la competitividad nacional y la lucha contra la corrupción. Además, retrasaría el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Asimismo, la entidad señaló que el régimen es reconocido como positivo para organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.