Las expectativas son uno de los activos más valiosos que puede tener una economía. Cuando familias y empresas creen que el futuro será mejor, adelantan decisiones de consumo e inversión. Ese optimismo termina convirtiéndose en crecimiento. Pero ocurre exactamente lo contrario cuando esas expectativas se frustran. La decepción posterga inversiones, enfría el empleo y termina reduciendo el crecimiento potencial. Ese es, precisamente, el principal desafío económico que enfrenta hoy el Gobierno hacia adelante: no decepcionar.
El Perú atraviesa un momento excepcional. Tras una década de inestabilidad política, las expectativas empresariales han alcanzado sus niveles más altos de los últimos años: 62,3 puntos a tres meses, el mayor registro desde 2017, y 72,1 puntos a doce meses. Este renovado optimismo no responde a anuncios de mayor gasto, sino a la percepción de que el nuevo gobierno impulsaría una agenda de crecimiento basada en productividad, formalización e inversión privada, precisamente la señal que transmitía el borrador del pedido de facultades legislativas que trascendió a la prensa.
Más importante aun, ese borrador transmitía una narrativa económica clara: remover los principales cuellos de botella del crecimiento mediante reformas orientadas a la simplificación regulatoria, la modernización del Estado, la formalización laboral, el fortalecimiento de las mypes y la promoción de la inversión privada. Sin embargo, días después, el énfasis comenzó a desplazarse hacia la creación de comisiones presidenciales para las reformas laboral, de inversión pública y tributaria. Aunque estas pueden contribuir a construir consensos, el Perú tiene una larga experiencia de buenos diagnósticos que nunca se tradujeron en decisiones. De ahí surge una duda razonable: ¿serán el vehículo para acelerar las reformas o el mecanismo para postergarlas? Y las expectativas, como los mercados, no suelen esperar.
Porque los mercados no esperan. Mientras en el Perú discutimos cómo organizar el proceso de reformas, nuestros competidores ya comenzaron a ejecutarlas. Chile acaba de utilizar buena parte de su capital político para aprobar un ambicioso paquete orientado explícitamente a recuperar competitividad. La reforma contempla una reducción gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%, el retorno a un sistema tributario plenamente integrado, mecanismos de estabilidad tributaria de hasta veinte años para grandes inversiones y diversas medidas destinadas a facilitar la llegada de nuevos proyectos. Más allá de que se pueda discrepar de alguna medida en particular, el mensaje a los mercados nacionales y globales ha sido contundente: Chile quiere competir agresivamente por el capital privado.
Lo anterior, inevitablemente, eleva la vara para el Perú. La competencia por la inversión ya no ocurre únicamente entre empresas; ocurre entre países. Cada reforma que Chile implementa, mientras nosotros queremos deliberarlo en comisiones presidenciales que se tomará nueve meses en dar un diagnóstico -que sabe Dios si se implementarán- nos deja muy rezagados en el mapa regional de competitividad.
Naturalmente, el Gobierno debe actuar con prudencia. Ganó una elección estrecha y necesita construir consensos. Pero también dispone de un activo político que no se ve desde hace buen tiempo: una ciudadanía que, al menos por ahora, le concede el beneficio de la duda y un sector privado que ha respondido con un optimismo poco habitual. Ese capital de confianza no es permanente.
Las expectativas constituyen un activo extraordinariamente valioso, pero también extraordinariamente frágil. El nuevo gobierno ha logrado algo que parecía difícil hace apenas unos meses: devolver el optimismo a empresarios e inversionistas. Ahora viene la parte realmente difícil: demostrar que ese optimismo estaba justificado. Porque las expectativas solo impulsan el crecimiento a largo plazo cuando terminan convirtiéndose en reformas. De lo contrario, inevitablemente se transforman en decepción. Ese, probablemente, es el principal reto económico que enfrenta hoy el Gobierno.
