Muy felices están muchos actores luego de enterarse de la aprobación por la Comisión de Economía del Congreso del proyecto que admite el control obligatorio de fusiones empresariales. Si esto se convierte en ley, cuando una empresa de cierto tamaño adquiera el control de otra, tendrá que pedirle permiso al Indecopi que podrá prohibir o aprobar la operación bajo condiciones, si advierte (adivina) que afectará la competencia.
Los primeros en estar felices son algunos coleguitas y consultores económicos. Les va a llover chamba. Gracias a la forma en que está redactado el proyecto aprobado, se va a requerir notificar casi cualquier cosa que hagan empresas con un volumen de facturación –como grupo económico (ojo al piojo)– superior a US$125 millones.
Si compran a un competidor o a uno de sus clientes un camión que califica como un activo productivo, tendrán que pedir permiso. Si la empresa vende cemento y compra a una que hace jabones, tendrán que pedir permiso. Si tienen el 10% de participación en un mercado y compran una empresa que les permite incrementarla en 3%, tendrán también que pedir permiso. La importancia económica de la operación es irrelevante: sea de US$1 millón o de US$500 millones, igual deben notificar. Se pretende revisar todo “por si acaso”, independientemente de si representa o no un riesgo para la competencia. Bueno para los abogados y economistas, malo para los inversionistas.
Pero también están contentos algunos políticos. Si esto se aprueba, van a lograr un instrumento para presionar y chantajear. Este instrumento puede ser usado para bloquear operaciones que son inocuas desde un punto de vista de la competencia, pero que generan despidos (¿qué fusión no lo hace?) y afectan el ánimo de los electores.
En Sudáfrica este instrumento ha sido utilizado para forzar a las empresas a garantizar el empleo y la continuidad de los beneficios sociales de los trabajadores. Hecha pública una operación “sensible”, el Congreso convocará de urgencia al Indecopi a una reunión donde buscará presionarlo para que “baile a su ritmo” (¿se acuerdan del incidente Pura Vida en el Congreso?). Lamentablemente, el proyecto aprobado no incluye ninguna mejora en el diseño institucional del Indecopi que lo proteja de este tipo de presiones.
Los más felices con la aprobación del proyecto son los que se coluden para subir los precios a los consumidores.
Si esto se aprueba, el Indecopi va a estar tan cargado de trabajo que sus pocos recursos los destinará a revisar operaciones de escaso o nulo impacto en la competencia, descuidando la persecución de cárteles.
Si alguno piensa que esto se arregla con 4 o 5 personas más, está muy equivocado. El Indecopi hoy día tiene 25 personas dedicadas a estos temas. Su similar en Chile tiene 116 y en Colombia, 156.
Si se quiere entrar a controlar fusiones de esta manera, estamos fregados. Solo van a ganar quienes no deberían ganar. ¿Eso es lo que se quiere?