Usted quiere abrir una bodega de abarrotes, debe escoger entre dos distritos aledaños y estamos en época de elecciones municipales. El candidato que lidera las encuestas en el distrito 1 aumentará los requisitos de obtención de licencia para quienes no residan en la circunscripción y elevará para ellos el monto de las multas. Si reclama, resolverá la misma municipalidad. El candidato que lidera las encuentras en el distrito 2 tratará por igual a los bodegueros. Vivan o no en el distrito, todos pagarán las mismas multas. Si reclaman, resolverá un tribunal de tres especialistas ajenos a la municipalidad, donde el bodeguero podrá designar a uno de ellos. Lo más probable es que usted escoja abrir la bodega en el distrito 2. Los inversionistas internacionales piensan igual.
Los Estados que buscan incentivar que los extranjeros coloquen grandes recursos para desarrollar empresas, ofrecen entre otros mecanismos que, si el Estado vulnera los derechos del inversionista, este podrá reclamar en un lugar distinto al del país donde hizo la inversión. Eso lo protege de gobiernos autoritarios, de los que discriminen a extranjeros, de los que les pongan trabas irrazonables a sus negocios y, en general, de las autoridades que no respeten el estado de derecho.
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Estas protecciones se plasman en tratados, que son acuerdos entre dos o más países para proteger a los extranjeros de actos indebidos por los Estados receptores de la inversión. Usualmente, se pacta que el conflicto será resuelto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un foro del Banco Mundial especializado en resolver disputas entre inversionistas y Estados.
El Perú mantiene 25 tratados bilaterales de inversión y 12 tratados de libre comercio. Además de otros factores, esto ha incentivado que entre el año 2010 y el 2020 el Perú haya recibido más de US$86.000 millones de inversión extranjera directa. Esto genera empleos de calidad, aumenta los ingresos del Estado y activa una cadena de emprendimientos locales conexos.
Separarnos de estos mecanismos de protección reducirá la probabilidad de que inversionistas extranjeros desarrollen empresas en el país. Pocos se atreverán a colocar grandes cantidades de dinero bajo el riesgo de que les cambien las reglas y no tengan un foro confiable para reclamar. Y si cree que estos foros especializados suelen beneficiar al inversionista, se equivoca. La República del Perú ha ganado más arbitrajes Ciadi de los que ha perdido.
El lunes 19 de julio, el Banco Central de Reserva (BCR) publicó los montos percibidos en junio del 2021 por el Impuesto General a las Ventas (IGV). De acuerdo al ente emisor, en el sexto mes del año se recaudó S/6.156 millones, lo que representa un aumento de 85% y 20,7% en comparación con el mismo periodo del 2020 y del 2019, respectivamente.
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