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La puesta en marcha del proyecto Tía María representa un punto de inflexión para la inversión privada en Perú, que podría gatillar más iniciativas en minería y otros sectores.
Sin embargo, la oportunidad de impulsar el crecimiento económico por encima del 4%y reducir la pobreza está en riesgo debido a un mar de mitos sobre una actividad que contribuye al progreso de los peruanos y ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Revisemos tres de ellos.
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Nadie las regula
La gran minería está regulada por 232 procedimientos administrativos sustentados en 470 normas y la participación de 30 entidades, según Apoyo Consultoría. Debido a la “tramitología” y la conflictividad, 23 proyectos mineros por US$ 30 mil millonesen inversiones están retrasados. Ocho de ellos, incluyendoTíaMaría, registran un retraso de más de una década.
Además, según un estudio del IPE próximo a publicarse, las empresas de las 10 minas más grandes de cobre del país cuentan con al menos dos estándares internacionales aprobados (algunas con cinco) que reconocen una producción responsable en temas de medioambiente, gestión social y gobernanza. Estas rigurosas certificaciones pueden tomar hasta tres años en obtenerse y renovarse.
No generan empleo
Desde 2001, los empleos directos en minería se han más que triplicado, alcanzando 214 mil en 2023. Considerando que, porcada empleo en minería se generan otros 8 puestos de trabajo en actividades relacionadas (a través de los proveedores, el consumo de los trabajadores y la reinversión de las empresas), casi dos millones de empleos en el Perú están vinculados a minería.
Además, según el Centro para la Competitividad y el Desarrollo, en los últimos 20 años se crearon más de 5 mil nuevos proveedores, la mayoría de ellos Mype. En agregado, el sector proveedores mineros representa 4% del PBI, poco menos de la mitad del sector minero (9% del PBI).
Desde 2001, los empleos directos en minería se han más que triplicado, alcanzando 214 mil en 2023
No pagan impuestos
Según el FMI, la carga tributaria minera en Perú asciende a 41%-43% de la utilidad (otros sectores tributan el 30%) y está en el rango medio de 15 regímenes fiscales evaluados. Así, la minería contribuye con casi el 10% de la recaudación fiscal, que regresa alas regiones.
En la última década, se transfirieron casi S/47 mil millones en canon y regalías mineras a gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas. Seguir postergando proyectos mineros significa negar a millones de peruanos mejores oportunidades y un mayor bienestar para sus familias. Esto, sin duda, solo beneficia a la minería ilegal que parece ser inmune a los mitos de la actividad formal.
