"El Gobierno Central debería además tomar algunas de las funciones de ejecución de gastos de los estamentos subnacionales que han demostrado su incapacidad de ejecución", dice Tuesta. (Foto: GEC)
"El Gobierno Central debería además tomar algunas de las funciones de ejecución de gastos de los estamentos subnacionales que han demostrado su incapacidad de ejecución", dice Tuesta. (Foto: GEC)
David Tuesta

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Los economistas estamos más o menos acostumbrados a actuar sobre escenarios probabilísticamente esperados, minimizando los llamados “riesgos de cola” donde suelen esconderse las potenciales debilidades. El es uno de esos eventos, aunque a diferencia de crisis como las de 1930 o del 2008, donde la falla fue propia del funcionamiento de los sistemas financieros, en esta oportunidad el golpe nació fuera de este. La paralización profunda del aparato productivo mantiene al mundo en vilo hasta el día de hoy, dejando una estela de miles de negocios cerrados y un ejercito de desempleados que se cuentan por millones en el país. La crisis económica actual, sin duda, está destinada a convertirse en la más grave de nuestros 200 años de historia republicana.

Habiendo acabado la cuarentena estricta, por el momento, ninguna empresa se encuentra en posición de asumir decisiones serias de invertir, mientras que aquellas familias que aún cuentan con ingresos serán precavidas con sus decisiones de gasto. Ante este escenario de incertidumbre es imposible esperar una recuperación robusta en el corto plazo. La normalidad, como la conocíamos, será un escenario distante por un buen tiempo.

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Las discusiones sobre la efectividad de las cuarentenas estrictas respecto a medidas más “inteligentes”, basadas en trazabilidad, prevención y soluciones digitales, nos siguen acompañando hasta el día hoy. Lo que es innegable, sin embargo, es que las necesarias acciones sanitarias incorporan enormes fricciones a la actividad económica que requieren intervenciones activas por parte del . La literatura recomienda echar mano de toda la capacidad fiscal, endeudamiento y políticas monetarias en favor de los más vulnerables, aminorar los despidos y dotar de liquidez masiva el sistema financiero y empresas para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. La gráfica muestra que el Perú ha sido un alumno aplicado, poniendo a disposición por el momento más del 15% del en un plan de apoyo frente al COVID-19, con una combinación de medidas de liquidez, gasto y tributarias, donde las primeras han contado con mayor peso gracias a los recursos facilitados por el Banco Central que han evitado que la crisis fuera aún mayor.

Pero la receta pudo haber funcionado mejor si esta no hubiese tenido que enfrentar la inoperancia de Estado y la informalidad. Esta situación, ya de por sí compleja, se vio lamentablemente acentuada por serios problemas de gestión de los ministerios sectoriales y estamentos subnacionales que tuvieron un desempeño calamitoso. Sobre ello, se siguió con el escenario de confrontación innecesaria contra un sector privado que bien pudo apoyar a través de las mejoras prácticas operativas y de gestión de algunas de sus firmas. Y si esto fuera poco, seguimos soportando la actitud irresponsable del , que juega un partido aparte, introduciendo legislaciones que bajo la aparente ayuda a la población están hipotecando el crecimiento potencial del país. Todo esto, que inocula aún más incertidumbre, se ve expuesto a tres dilemas: ¿cómo se equilibrarán las estrategias de sanidad y economía? ¿Cómo balancear las políticas de corto plazo evitando dañar el crecimiento potencial? ¿Qué tanto estirar el espacio fiscal teniendo en cuenta la angurria populista que al parecer continuará luego de julio del 2021?

Es cierto que todo aquello plantea grandes riesgos para las políticas económicas, pero dada la magnitud de la crisis, no queda otra que asumirlos y actuar, porque el país no puede quedar paralizado sin tomar decisiones. Teniendo en cuenta que las acciones por el lado fiscal deberán tener mucho mayor protagonismo, se deberá mejorar con urgencia la capacidad de ejecución de los presupuestos públicos. Ello requerirá tomar acciones como los recientes anuncios de proyectos de inversión pública que se ejecutarán bajo la modalidad de gobierno-gobierno. Dada la situación de emergencia nacional, el Gobierno Central debería además tomar algunas de las funciones de ejecución de gastos de los estamentos subnacionales que han demostrado su incapacidad de ejecución. En resumen, seguir ampliando el espacio fiscal –sí, endeudarse más– y asegurarse de que los recursos se usen efectivamente.

Pero lo anterior solo será un encendido que se apagará pronto si es que no se logra mover mínimamente el sector privado. Es cierto que hoy se vive en un mar de incertidumbre, pero es necesario que el Gobierno y el Congreso dejen de echarle más leña al fuego, y por el contrario empiecen a transmitir la confianza necesaria, que impregne a aquellas actividades que tienen mayor capacidad de tracción por su tamaño, eslabonamiento sectorial y conexión a los mercados internacionales. El sector minero es sin duda el candidato a promover inmediatamente, para lo cual impera remover todas aquellas barreras ideológicas que han venido estancando su dinamismo, promoviendo un diálogo real entre los actores sociales que llegue a buen puerto. Es cierto que la minería tiene dividido el país, pero si dejamos este problema estar, hay que ser conscientes de que el Perú no va a arrancar.

(*) El artículo es una síntesis del capítulo “La gran cuarentena y tres dilemas de política económica para el Perú”, del libro “Pandemonio”, editado por Crisol, escrito por Alexandra Ames, Carlos Meléndez, Lucía Nuñovero, José Luis Pérez, Abel Salinas y David Tuesta, que será presentado en la FIL el 30 de agosto próximo.

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