CCL: Burocracia y conflictos sociales ponen en riesgo inversión minera de US$ 5.829 millones

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que los procesos burocráticos del Gobierno y los conflictos sociales frenan el desarrollo de la actividad minera, poniendo en riesgo inversiones por US$ 5.829 millones para el periodo 2023-2026, relacionadas a diez proyectos nuevos y de expansión.

El gremio empresarial consideró que los plazos otorgados para los trámites y entrega de permisos son un lastre para la actividad minera, pues afecta la velocidad a su crecimiento.

“Países como Canadá, Australia y Chile superan largamente a Perú en el otorgamiento de estos permisos. Por ejemplo, obtener un permiso de explotación temprana puede tomar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile, pero en Perú el plazo es casi año y medio, situación que afecta el atractivo de inversión más aún en tiempos en que el precio de los minerales va en aumento”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

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Subrayó que la lentitud de estos procesos es sumamente preocupante, ya que no solo afecta a nuevos proyectos, cuyas aprobaciones de trámites y permisos para autorizar su inicio pueden tomar hasta tres años, sino también en aquellos proyectos mineros que buscan expandir su vida útil.

Este es el caso de la mina Inmaculada (Ayacucho), que al encontrarse cerca de su etapa final de operación (fines de 2023), ha solicitado -mediante la segunda Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)- expandir su vida útil hasta el año 2041, con una inversión de alrededor de US$ 4.436 millones.

Cabe advertir que, para proyectos en operación, el trámite de ampliación de vida útil no debería tomar tanto tiempo, más aún si existe de por medio el visto bueno de entidades como los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de Cultura.

Proyectos mineros

Entre los proyectos mineros en construcción que están a la espera de ampliación están las minas Santa María (La Libertad) y Shouxin (Ica), que culminarían este año; y la de Toromocho (Junín), que culminaría en 2024.

Asimismo, el proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua) concluiría en 2025. Para este año se espera el inicio de construcción de los proyectos Magistral (Áncash), Romina (Lima), Reposición Antamina (Áncash) y Corani (Puno).

Por su parte, para el 2024 se estima el inicio de construcción de solo dos proyectos, los cupríferos Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) y Zafranal (Arequipa). Cabe resaltar que, a diferencia de países de la región, en el Perú no se prevé la construcción de algún proyecto de litio, pues solo hay uno en fase exploratoria.

“De no surgir alguna alteración en los cronogramas de estos diez proyectos, el Gobierno podría asegurar, al menos, la inyección de aproximadamente US$ 1.500 millones anuales durante el periodo 2023-2026. Esta cifra es inferior a los aproximadamente US$ 2.000 millones anuales que se esperaban para dicho periodo algunos años atrás. Esto se debe a que la cantidad de proyectos cancelados o postergados ha sido mayor a la cantidad de proyectos nuevos o con inicio programado”, aseveró Chávez.

Desde el 2018, se han cancelado alrededor de quince proyectos mineros, entre ellos tres de fosfato; y se postergó indefinidamente el inicio de la construcción de proyectos como Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Ariana (Junín) y Trapiche (Apurímac), entre otros.

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Óscar Chávez reiteró que la tramitología y demoras en permisos, además de los conflictos sociales y protestas antimineras, han hecho que el Perú pierda competitividad en lo que se refiere a inversiones mineras.  Mientras Chile asegura su producción futura con altas reservas y buena situación de sus proyectos de ampliación en curso, Perú agranda los riesgos de perder su hegemonía como el segundo productor mundial de cobre, esto después de que República Democrática del Congo acrecentara su nivel de inversión tras la reciente concesión de Kamoa-Kalula, mina que proyecta convertirse en el tercer complejo de cobre más grande a nivel mundial para el año 2024.

A esta ventaja se suma la alta calidad del mineral medido a través de la Ley de Cobre que en el caso de Kamoa llega al 5%, Chile 0,51% y Perú 0,41%.

“Si Perú no acelera medidas certeras para alentar las inversiones mineras es muy probable que sigamos perdiendo espacio en el mercado mundial. Aún estamos a tiempo de actuar”, sostuvo Óscar Chávez.