Este Gobierno no solo quiere ser recordado como el que más concesiones entregó en comparación con sus predecesores, también quiere que lo recuerden como el más arriesgado en materia de asociaciones público–privadas (APP).
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Se busca que este mecanismo de inversión sirva sobre todo para atacar las deficiencias que tenemos en sectores sociales, básicamente en educación y salud.
Aparentemente convencido de que la empresa privada se convertirá en el aliado estratégico que lo ayudará a disminuir la enorme brecha que hoy existe, el gobierno del presidente Humala ha empezado a ‘innovar’ en materia de APP y lanzará ambiciosos paquetes de colegios y hospitales para atraer y beneficiarse del ‘expertise’ del sector privado. LO INDISPENSABLEPuede sonar simple, pero dar el gran salto de lo público a lo privado, aunque se trate –por ahora– de la construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura nueva en áreas antiguamente tabúes –como dice Humberto Salicetti, socio de consultoría de PwC–, requiere de un trabajo bien estructurado. Este debe viabilizar los cambios de escala que el Perú necesita en educación, salud e innovación tecnológica, en donde sería casi imposible hacerlo si el Estado no se apalancase en el sector privado. Por ello, resulta primordial que las APP sean bien entendidas.
“Ahora que el Perú está tomando esta dirección, debería ser un esfuerzo bien estructurado, con contratos detallados para crear oportunidades de envergadura y podamos construir un país más justo y con mayor acceso para todos”, refiere el especialista.
Al respecto, Magali Lazo, experta en concesiones e iniciativas privadas del Estudio Muñiz, sostiene que considerando que en la actualidad no existen restricciones normativas, dependerá de los sectores involucrados el promover y sacar adelante los proyectos que ya están en cartera.
¿BATA BLANCA?Con recientes experiencias en el sector salud, el gran salto en esta materia se dará el próximo año, cuando diez hospitales –cuatro de Lima y seis de provincias– del Ministerio de Salud (Minsa) sean lanzados a concurso, y bajo la modalidad de ‘bata gris’ pasen a manos del sector privado.
¿Pero, por qué no ir más allá y dar paso a lo que se conoce como ‘bata blanca’, considerando que las críticas de los pacientes recaen no solo en la precaria infraestructura sino en la mala calidad del servicio que imparte el Estado?
Si bien suena interesante, habría algunas complicaciones que abordar en el camino. Para Cecilia Má, asesora del Minsa, existen razones técnicas y políticas que impiden ir hacia ese objetivo. En lo técnico, el no contar con indicadores de servicio para medir el impacto de la presencia del sector privado. Y, en lo político, la flexibilidad en el manejo del personal médico limitaría las posibles mejoras en el servicio.
A su turno, Lazo considera que, a pesar de que no hay restricciones normativas para pasar de bata gris a blanca –los dos hospitales de Essalud en Villa María del Triunfo y el Callao son un claro ejemplo de ello–, el problema radicaría en el personal médico y el marco laboral que los ampara.
“Migrar a un sistema privado podría sonar a cambiar de empleador y se generarían problemas que costarían muchísimo. Es una decisión arriesgada y demasiado importante como para tomarla en paquete, por lo que un piloto podría ser la solución. Resulta válido reconocer el problema de la infraestructura, pero con la concesión se le quita un gran peso al sector público y se le da espacio para que se aboque a lo suyo, a la gestión de la educación y la salud”, sostiene.
SIN MODELO QUE VALGAAun cuando el modelo británico [APP por disponibilidad] ha sido adoptado en 25 países, algunos de ellos vecinos nuestros, Javier Encinas, funcionario del Ministerio de Economía británico considera que a pesar de las ventajas que supone el ‘expertise’ del sector privado, las APP no son la panacea y tampoco pueden resolver todos los problemas.
Por esa razón, considera que la gestión del servicio debe seguir a cargo del Estado. “Las APP son buenas para resolver problemas de infraestructura, pero no la calidad del servicio en sí y para atacarlo se deben mejorar las políticas públicas, pero también se debe tener en cuenta que cada mercado y cada modelo de APP es único, por eso deben analizar las razones de los gobiernos cuando deciden optar por ellas”, anota.
Por el contrario, Salicetti sostiene que si el proceso de ‘bata blanca’ es claro, por qué no traer la excelencia del sector privado al servicio del sector público. “Utilizar al privado solo en temas de gestión es utilizar el 50% que se requiere para mejorar el servicio”, dice.
LO QUE VIENEEn materia educativa, otro de los sectores que se abrirían fuertemente a las APP, el Ministerio de Educación (Minedu) ha priorizado una cartera de 275 colegios que empezarían a ser concesionados para ser rehabilitados y recibir mantenimiento bajo esa modalidad, según reveló el propio ministro Jaime Saavedra a este diario hace algunas semanas.
Contrario a lo señalado por una investigación de Grade, que duda de las bondades del tipo de gestión (público, privado o público-privado) en el rendimiento estudiantil, David Rosas, economista de la Unidad de Mercados Laborales del BID, refiere que el sector privado sí puede complementar los esfuerzos que debería realizar el Estado para asegurar una educación de calidad.
“Sin olvidar que tanto la calidad como la pertinencia de la educación le permitirán a los jóvenes encontrar un empleo de calidad al finalizar sus estudios; una buena evaluación permitiría medir el impacto que tienen los distintos tipos de gestión en los rendimientos de los estudiantes, de esta manera nos aseguramos que las APP cumplan con los objetivos para los que fueron implementadas”, señala.
Y a pesar de que en otros sectores las señales no han sido tan alentadoras y claras como en educación y salud, se sabe que los penales, las empresas de saneamiento y algunos proyectos de innovación tecnológica serían incluidos en los próximos paquetes que serían presentados a futuros inversionistas.
En el caso del sector energético, si bien el anuncio presidencial habló de abrir el capital al sector privado, César Butrón, presidente del COES, recomienda que en esta nueva etapa se blinde a las empresas –que todavía seguirán siendo estatales– del poder político, porque en muchas ocasiones esto termina perjudicando el servicio.
Así las cosas, bien valdría la pena reparar en el ABC (alcance, beneficios y costos) que una economía como la británica impuso al evaluar las APP, sin olvidar que el tiempo y los riesgos –como dice Encinas– deben ser otros dos factores importantes cuando un Gobierno decide optar por ellas.
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