Las tareas que no pueden esperar

Cada gobierno entrante tiene una agenda de pendientes. Las promesas realizadas en cada mitin o conferencia de prensa se acumulan. Hay expectativas; bolsones electorales que esperan que la persona que se prepara a ocupar Palacio de Gobierno recuerde la palabra empeñada y la reforma ofrecida.

Como cualquier aspirante presidencial, la señora Keiko Fujimori –quien ganó las elecciones de hace dos semanas– tiene aquí una cuota de deudas por saldar. Su plan de gobierno, por ejemplo, hablaba de “implementar un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones”, “digitalizar al menos el 80% de los trámites empresariales mediante la Ventanilla Única Digital Nacional”, “lograr que el 60% de las Mypes operen en la formalidad”, entre otros ambiciosos logros.

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Todo esto tomará un planeamiento cuidadoso, avances progresivos, y posiblemente algunos errores en el camino. En otras palabras, tomará tiempo.

Existen, sin embargo, algunas políticas urgentes para las que el nuevo gobierno de Fuerza Popular no podrá darse el lujo de la paciencia. De hecho, hay al menos cuatro puntos que no pueden esperar ni hasta el 2027, sino que deben empezar a resolverse apenas juramente el futuro gabinete.

El primero es la preparación para el Fenómeno El Niño (FEN). Mientras estábamos distraídos con las elecciones, las proyecciones de aguas cálidas para este año e inicios del siguiente han cambiado sustancialmente. El último comunicado del ENFEN, del lunes pasado, menciona que el FEN Costero tendría probablemente una magnitud fuerte entre junio y setiembre, y luego 48% de ‘chances’ de ser fuerte durante el verano 2026 – 2027.

Por su parte, en su comunicado del 11 de junio, la NOAA subió considerablemente sus previsiones de un FEN muy fuerte en el Pacífico Central, a más de 60%, en el último trimestre.

Esta bien podría ser la primera gran crisis del gobierno entrante, pero no muchos le han estado prestando atención. Un actor particularmente distraído es la actual gestión del presidente José María Balcázar. Con la primera mitad del año ya casi cerrada, el gobierno nacional ha invertido a la fecha menos del 20% de su presupuesto anual para reducción de vulnerabilidad y atención a emergencias por desastres.

El ministerio con la partida más gruesa, el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha usado menos del 10% de sus S/219 millones, con proyectos como la rehabilitación de alcantarillado en Piura o la ampliación del drenaje pluvial en Tumbes a menos del 5%.

Dada la desidia actual, el próximo gabinete deberá ponerse a trabajar desde el 29 de julio de la mano con las autoridades subnacionales para recuperar algo del tiempo perdido y minimizar el impacto de lo que se viene. Si lo maneja adecuadamente, el FEN podría incluso fortalecer políticamente a la novel administración. Pero tiempo ya no hay.

El segundo punto de urgencia es el manejo de Petro-Perú. La petrolera estatal vive al filo de la insolvencia, con necesidad de rescates multimillonarios cada cierto tiempo. Pagos de vida o muerte a bonistas y proveedores acechan cada semana. Cualquier incumplimiento podría abrir una caja de Pandora en tribunales extranjeros. Hasta ahora ningún esfuerzo de cambio de rumbo ha dado resultados, pero se ha abierto una ventana de oportunidad a partir de recientes decretos de urgencia.

La profunda operación quirúrgica por la que actualmente atraviesa la empresa –la restructuración a cargo de Proinversión – enfrenta resistencias internas y de sectores interesados, y necesita apoyo político si quiere sobrevivir.

Aquí será indispensable el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), instituciones que nombran a casi todo el directorio de Petro-Perú, para continuar dando pasos firmes y valientes. Se puede ir mejorando la estrategia en el camino –por ejemplo, negociando con los bonistas y subiendo el número de barriles procesados en la Refinería de Talara–, pero la situación financiera de Petro-Perú es tan delicada que no admite un traspié.

Idealmente, el Ejecutivo debería impulsar pronto un proyecto de ley en el Congreso durante sus primeros meses para redefinir el rumbo de Petro-Perú, abrirlo –ahora sí– a capitales privados, y blindar al directorio de injerencia política. Esto tampoco puede esperar al 2027.

Hay un tercer punto con fecha de vencimiento aún más clara: el Reinfo. Como se recuerda, el actual Congreso extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. En la práctica, este mecanismo se ha convertido en una carta blanca para la explosión de la minería de oro ilegal que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el año pasado habría superado los US$11 mil millones en ventas, monto similar a todas las agroexportaciones del 2024.

No hay que ser muy perspicaz para intuir que buena parte del Congreso que arranca funciones en cinco semanas preferirá patear el problema (como ya se ha hecho cuatro veces antes) y extender el Reinfo, al menos un año más. Dirán que necesitan tiempo para analizar “la problemática”, como si no fuese este un tema de sobra conocido desde hace varios años.

Aquí el Ejecutivo debe asumir liderazgo en una agenda de formalización justa y realista con los pequeños productores que desean avanzar en la dirección correcta, y al mismo tiempo ser firme con quienes pretenden continuar actuando al margen de la ley. Tiene solo cinco meses para conseguirlo antes de la nueva extensión.

Finalmente, la reposición de los candados fiscales tampoco puede esperar. A pesar del evidente impedimento constitucional, este Congreso ha aprobado normas con amplio costo fiscal –incrementos de pensiones y de remuneraciones a personal público, sobre todo–. Estas disposiciones simplemente no van a calzar en los presupuestos de los años subsiguientes sin volar el déficit fiscal, o sin hacer necesarios sacrificios mayores en otros gastos, como en inversión pública.

La fiesta se acabará cuando los precios de los minerales caigan, pero para entonces ya será tarde. Al Ejecutivo entrante le toca plantear en sus primeros meses una acción de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, que ponga orden y restablezca de algún modo los candados: de lo contrario, su propio espacio fiscal será inmanejable para los siguientes años de su gestión.

Esta es, por supuesto, una agenda mínima. Quedan varios asuntos urgentes, entre ellos, el diseño de un agresivo plan de cierre de brechas en el centro y sur de país. Pero estos son cuatro temas que realmente no pueden esperar ni al 2027. No a este ritmo. El FEN puede venir con todo. Petro-Perú amenaza con implosionar. El Reinfo sobrevive indefinidamente. Y el fisco se llena de huecos. Mientras se preparan para tomar las riendas del Ejecutivo en unas cuantas semanas, ir pensando de una vez en estas tareas no estaría de más.