GLP y otros subsidios: ¿Cuántos recursos destina el Estado y cuál es su real alcance?

La reincorporación del gas licuado de petróleo (GLP) al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) representa un subsidio público que se sumaría a otros instrumentos que proveen alivio tributario. Entre ellos, la exoneración del IGV a los productos agrícolas es un claro ejemplo de cómo una política pública bienintencionada, similar al caso del GLP, tiene un alto costo fiscal y, sin embargo, puede fallar en beneficiar efectivamente a la población objetivo.

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Costo fiscal

Los gastos tributarios son recursos que el Estado deja de recaudar por exoneraciones, inafectaciones, devoluciones y reducciones de tasas para beneficiar a distintos sectores de la sociedad. El Marco Macroeconómico Multianual 2022-2024 estima un gasto tributario para el 2021 de S/15.942 millones, equivalente al 2,1% del PBI.

Más de la mitad de dicho gasto está asignado a la exoneración al IGV de productos agrícolas (22%), la exoneración de impuestos a las actividades en la Amazonía (21%) y a las inafectaciones del IGV en la importación y prestación de servicios educativos (9%). El costo que implica la aplicación de este tipo de políticas impide el uso de estos fondos en otras actividades prioritarias.

Según Macroconsult, la incorporación del GLP en el FEPC significaría un costo de S/720 millones al año, lo cual representa alrededor de un tercio del monto transferido para la compra de vacunas contra el COVID-19 en lo que va del año (S/2.214 millones).

En tanto, las exoneraciones al IGV de productos agrícolas (S/3.885 millones) equivalen a dos tercios del presupuesto 2021 en salud destinado a combatir la pandemia (S/6.003 millones).

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Focalización

Los esquemas de exoneraciones y subsidios en el Perú no cuentan con un nivel de focalización adecuado. En el caso del GLP, los hogares que consumen una mayor cantidad de este combustible –típicamente los que tienen más recursos– recibirán un mayor subsidio del Estado. Usando la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2019, se estima que el uso del GLP como combustible para cocinar asciende a 40% entre los hogares pobres y a 71% entre los no pobres.

Este problema se repite en la aplicación de las exoneraciones a productos agrícolas. A partir de la Enaho 2019, se calcula que los hogares pobres absorben apenas el 9% de las exoneraciones a productos agrícolas consumidos dentro del hogar. Esto significa que el Estado subsidia, en mayor proporción, a los hogares que menos lo necesitan.

Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, indica que estas exoneraciones son ciegas. Por ejemplo, “exonerar del IGV a las frutas beneficia a quienes consumen más frutas, que son los hogares de ingresos más elevados”, indica Arias. De manera alternativa, menciona que la estrategia del Gobierno podría orientarse a sustituir las exoneraciones por devoluciones directas a la población de menores ingresos. Por ejemplo, mediante un mayor uso de la facturación electrónica se podría identificar los gastos de las familias más pobres y reembolsar directamente el IGV pagado en una cuenta bancaria. En la misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda impulsar la digitalización en la recaudación tributaria con el fin reunir información sobre los patrones de consumo de los contribuyentes a fin de focalizar los recursos públicos.

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En un contexto de crecientes presiones inflacionarias, César Liendo, exviceministro de Economía, menciona que no existe espacio fiscal para ampliar las exoneraciones impositivas. En particular, Liendo indica: “La gran mayoría de alimentos de consumo diario de los hogares ya se encuentra exenta del pago de IGV”. El exviceministro menciona que se debe evitar la implementación de subsidios que distorsionan los precios relativos y la asignación eficiente de los recursos, y más bien apostar por incrementar los ingresos de los hogares a través de mayor empleo formal o, en su defecto, subsidios a la demanda de forma focalizada como el FISE o los actuales programas sociales.

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