IPE: ¿Qué se requiere para impulsar la inversión pendiente en los proyectos de infraestructura?

Durante su reciente exposición para solicitar el voto de confianza del Congreso de la República, Guido Bellido, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció que una de las líneas de trabajo de la actual gestión será el impulso en la ejecución de proyectos de infraestructura para contribuir con el cierre de brechas y la reactivación de la economía.

En efecto, uno de los supuestos de la reciente y optimista proyección anticipada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el crecimiento del PBI en el 2021 y 2022 –10,5% y 4,8%, respectivamente– es el continuo avance de la inversión pública y privada. Para cumplir con estos anuncios, la nueva administración tendrá que abordar una serie de desafíos vinculados a los obstáculos que ha enfrentado el sector público a lo largo de los últimos años para acelerar la adjudicación y despliegue de inversiones de gran envergadura en todo el país, además del cierre del espacio fiscal para mayor gasto.

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Lento avance

En su alocución, Bellido señaló que promoverán la continuidad en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que fue publicado en el 2019. Este conjunto de 52 proyectos representa inversiones por un total de S/114 mil millones. Sin embargo, desde su lanzamiento a la fecha, estas obras exhiben un avance financiero de apenas 16% según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima. Además, de acuerdo con cifras reportadas por el MEF, Ositrán y Osinergmin, el despliegue de estas inversiones exhibe cuellos de botella que las llevan a registrar un avance limitado y, en muchos casos, incluso nulo.

El representante de la PCM adelantó, por ejemplo, que se priorizarán diferentes proyectos de irrigación, entre los que destacan Chavimochic III y Majes-Siguas II. Si bien ambos proyectos comprenden inversiones por casi S/5.200 millones, y permitirían ampliar la frontera agrícola del país en más de 100 mil hectáreas, estos se encuentran paralizados desde el 2017 y registran en promedio un avance que apenas supera el 25% desde el inicio de su ejecución.

En el caso de las obras de Chavimochic III, la continuidad del proyecto se encuentra limitada por problemas relacionados a las dificultades sociales y legales en la expropiación de terrenos que servirían para construir los aproximadamente 130 km de canales de irrigación que complementarían a la construcción de la represa Palo Redondo. Por su parte, a pesar de que en julio pasado se registró la firma de una nueva adenda, la viabilidad de Majes-Siguas II requiere que el Gobierno mantenga el tamaño de las parcelas –en 200 hectáreas– para asegurar la rentabilidad financiera de las concesiones del proyecto orientadas a la agroexportación.

Otros proyectos de inversión de gran envergadura que recibe el actual gobierno se encuentran comprendidos dentro del sector transportes. Entre estos destaca la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el cual, según información de Lima Airport Partners (LAP), representa inversiones por aproximadamente S/4.800 millones y mostró al cierre de julio un avance físico de 24%. Por otro lado, se tiene el proyecto Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao, que registra un avance del 33% de un monto total de S/17.505 millones, siendo el de mayor inversión entre los proyectos priorizados por el PNIC.

Pendientes

De acuerdo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en todo el país existe inversión en infraestructura pendiente que asciende a un monto cercano a los S/30 mil millones, los cuales tienen el potencial de generar 1,9 millones de puestos de trabajo. La materialización de estos resultados, sin embargo, pasa por ejecutar acciones de política que permitan contar con funcionarios técnicos capacitados mediante la implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos en inversiones priorizadas (PMO, por sus siglas en inglés).

Asimismo, para la incorporación de nuevos proyectos a la cartera de inversiones del país, se requiere optimizar el sistema de adjudicaciones que durante los últimos años ha exhibido un avance limitado. Sobre este aspecto, Videnza Consultores señala la necesidad de reformar la gestión de ProInversión a través de la tercerización de los procesos de estructuración y promoción de proyectos, así como el fortalecimiento de los recursos humanos y la gobernanza que rige a esta institución.

Cabe señalar que los objetivos trazados por el nuevo gobierno en materia de infraestructura no serán viables si es que no promueve un marco jurídico estable y atractivo la participación de la inversión privada. Si es que, en vez de apostar por esquemas como la adjudicación y ejecución de APP, se opta por desarrollar nueva infraestructura, principalmente a través de obras públicas, el poco espacio fiscal que queda se cerraría rápidamente y los riesgos serán asumidos íntegramente por el Estado.

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