Nueva Ley de Minería: Estas son las propuestas para los cambios normativos

Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara en el mensaje a la nación de este año la reformulación de la Ley General de Minería, se han conocido, hasta la fecha, tres propuestas.

De momento, y a cuatro días de inaugurarse la convención minera Perumin 2019 (Arequipa), el Ejecutivo, la Mancomunidad del Sur (integrada por siete regiones) y el partido político Nuevo Perú han hecho públicas sus iniciativas para actualizar la normativa, la cual lleva tres décadas en vigencia.

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EL EJECUTIVO

En agosto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, indicó que la propuesta del Ejecutivo –ya en proceso de elaboración– contemplará un plan de desarrollo territorial que apunte a cerrar brechas sociales y crear compromisos de desarrollo regional en las empresas. Incluirá también ajustes a las concesiones mineras.

Semanas después, Oliva anunció que se planteará el adelanto del canon minero a municipios y gobiernos regionales. Esto con el fin de contribuir al dinamismo de las inversiones públicas desde el inicio de operaciones.

Por su lado, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, comentó la semana pasada que la propuesta buscará fortalecer la competitividad y sostenibilidad del rubro. Asimismo, el MEF ha descartado efectuar “grandes cambios en la parte tributaria”.

MANCOMUNIDAD DEL SUR

A fines de agosto, los gobernadores regionales de la Mancomunidad del Sur (Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) hicieron público el “Resumen ejecutivo” de su anteproyecto para la nueva Ley General de la Minería.

Entre sus ocho propuestas, se consideró la creación de la “Empresa Minera del Perú”, que se encargaría de ejercer las actividades mineras estatales. Esto para “fortalecer la presencia del Estado” en esta actividad.

Al respecto, el exviceministro de Minas Guillermo Shinno, quien conversó con El Comercio cuando la mencionada propuesta fue presentada, aseguró que la figura de un Estado empresario tiene argumentos para descartar la creación de una petrolera estatal: el mal manejo de gestión y recursos, uso político, entre otros.

“El Estado ha sido un mal empresario. Claramente, este sería un retroceso”, precisó Shinno.

VISIÓN DE NUEVO PERÚ

Ayer, Nuevo Perú presentó su propia iniciativa. En ella, se contempla anular las concesiones mineras y, en su lugar, otorgar permisos de exploración con un plazo de cinco años. Esto con el objetivo de eliminar los derechos de propiedad.

Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera, esta medida no está alineada al esquema de las inversiones mineras, las cuales tienen un margen de riesgo y requieren una base de seguridad para concretarse.

“Cuando desde el inicio se dice que no van a ser concesiones, sino permisos, le están diciendo [a los inversionistas] que le van a cortar el derecho en cualquier momento. Nadie jamás invertiría así”, afirmó.

Incluso, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, consideró que este escenario profundizaría la desaceleración que se viene registrando en inversiones de exploración, la cual el año pasado se redujo en 35% interanual, mientras que en este año ya anota una contracción de 17%.

El documento de trabajo del partido político también contempla entre sus propuestas incluir “un impuesto a las sobreganancias en momentos de ciclos de precios altos”.

Al respecto, el exministro Herrera sostiene que no es factible aplicar esta regla para este rubro, dado que las inversiones se efectúan a largo plazo, es decir, en un período en el que se registran picos altos y bajos.

Añadió que, con esta figura, lo que tendría que ocurrir es que los impuestos a las mineras también se reduzcan en épocas no favorables.

De la Flor, por su parte, recordó que la carga tributaria que tienen las empresas mineras en el país ya es alta, por lo que no sería recomendable aumentarlas.

“Esto nos resta competitividad. Y no conduce al crecimiento que necesitamos”, explicó.

Otras de las propuestas de Nuevo Perú es incluir a los gobiernos regionales y locales en la evaluación de los estudios de impacto ambiental que lleva a cabo el Senace.

Al respecto, Herrera consideró que esta medida es inviable debido, en parte, a la alta rotación de los puestos públicos.

“Querer empoderar a políticos en decisiones que son de naturaleza técnica y económica es un absurdo”, precisó.