El nuevo gobierno comienza su gestión con vientos de cola inmejorables en el ámbito comercial. Impulsados por el repunte histórico en el precio de los minerales, nuestros términos de intercambio vienen mostrando los niveles más altos de los que se tiene registro.
Las cotizaciones del oro y el cobre han alcanzado niveles récord. Además, la demanda de este último metal seguirá expandiéndose aceleradamente, impulsada por la transición energética y los nuevos centros de almacenamiento de datos. Al mismo tiempo, se proyecta un importante déficit en la oferta mundial, que el Perú estaría en condiciones inmejorables de cubrir.
Este nuevo ciclo virtuoso de los minerales nos ofrece la extraordinaria posibilidad de transformar la riqueza de nuestro subsuelo en desarrollo sostenible que beneficie a todos los peruanos. Sin embargo, para que ello ocurra se requiere que el Estado enfrente con decisión y sentido de urgencia los principales problemas que asfixian al sector.
Si bien en los primeros cinco meses del año el valor de nuestras exportaciones mineras creció 60%, para varios minerales, el volumen se retrajo. Es una señal de alerta: estamos capturando el ciclo de precios, no expandiendo nuestra capacidad productiva. Las inversiones mineras no crecen significativamente y ningún proyecto de envergadura ha sido desarrollado desde la puesta en marcha de Quellaveco y Marcobre.
Revertir esta situación exige actuar en tres frentes.
En primer lugar, se necesita implementar un programa acelerado de simplificación administrativa que, sin relajar estándares ambientales y de seguridad, elimine procesos administrativos redundantes. El desarrollo de un proyecto minero en el país puede demorar de 30 a 40 años, décadas más que en otras jurisdicciones.
El segundo desafío es el combate contra la minería ilegal. Este flagelo, antes circunscrito a la extracción aurífera, ahora se expande rápidamente al cobre. La minería ilegal no solamente representa una grave amenaza para nuestro medio ambiente y seguridad, sino que socava las operaciones formales y pone en riesgo la viabilidad futura de la industria.
Un tercer frente prioritario es la conflictividad social. Para que las poblaciones locales se sientan partícipes de la bonanza minera no basta con que el Estado transfiera recursos a los gobiernos locales vía el canon. Lamentablemente, ese financiamiento no ha sido utilizado para el cierre de brechas debido a la falta de capacidades y la mala priorización del gasto. De allí la urgencia de rediseñar la operatividad del canon.
Contamos con una cartera de proyectos mineros de US$64 mil millones, cuya implementación podría duplicar nuestra producción cuprífera, dinamizando nuestra economía y generando los puestos de trabajo bien remunerados que nuestros jóvenes tanto necesitan. De este gobierno y del Congreso depende implementar las medidas que nos permitan aprovechar al máximo este ciclo en el precio de los metales. No perdamos otra oportunidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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