El Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de disposiciones de la Ordenanza 610/MM de la Municipalidad de Miraflores, que suspendía licencias de construcción ya otorgadas para proyectos inmobiliarios con informes técnicos favorables emitidos por revisores urbanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
La sentencia, con fecha del 16 de enero del 2025, emitida tras la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, establece que la suspensión de licencias y la paralización de obras vulneran principios constitucionales.
Según el Tribunal Constitucional, los municipios no pueden anular o suspender licencias de construcción mientras el MVCS evalúa pedidos de nulidad sobre los Informes Técnico-Favorables (ITF), pues esto afecta los derechos de terceros que adquirieron una vivienda de buena fe.
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Asimismo, el fallo recuerda que las solicitudes de nulidad al MVCS solo son válidas si se ajustan a los criterios previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley 29090 y si se respetan derechos fundamentales de terceros, conforme a precedentes vinculantes establecidos en las sentencias 00001-2021-PCC/TC y 00004-2021-PCC/TC.
José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), resaltó el impacto positivo de esta decisión. “El Tribunal Constitucional ha reafirmado la importancia de proteger los derechos de terceros y de garantizar la seguridad jurídica en los contratos de compraventa. La legalidad se ha impuesto ante la arbitrariedad”, afirmó.
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El directivo recordó que el gremio inmobiliario advirtió repetidamente sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza, señalando que esta afectaba derechos de ciudadanos, trabajadores y desarrolladores. En consecuencia, ASEI tomó las acciones legales pertinentes para salvaguardar estos derechos y restaurar la confianza en el marco normativo.
Con esta sentencia, el TC pone fin a una medida que generaba incertidumbre en el sector inmobiliario y en cientos de familias que confiaron en la legalidad de sus inversiones. Esta decisión marca un precedente clave para reforzar la seguridad jurídica y promover el desarrollo ordenado del sector.
