En Lima, para al menos 700 mil personas, el agua potable es un lujo al que acceden a duras penas y en cuentagotas. Ellas no disponen de un sistema de agua ni desagüe y deben pagar entre S/10 y S/15 por cada m3 del agua que los camiones-cisterna les ofrecen. Es decir, les cuesta cinco veces más que el agua potable que llega a los domicilios abastecidos por Sedapal (más de 8 millones).
Pese a que Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto, el agua es desperdiciada. Por ejemplo, solo en febrero, según estimaciones de Sedapal, los carnavaleros derrochan en la capital hasta 120 millones de litros de agua.
Además de la falta de acceso, el derroche del agua y la vetusta infraestructura de las redes de alcantarillado, hay otro punto de quiebre en el sistema: la gestión y el manejo del agua.
LA GETSIÓN DEL AGUAEn el Perú, la administración y distribución del agua potable está a cargo de 50 empresas prestadoras de servicio (EPS). En Lima y Callao, la encargada es Sedapal que depende del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).Sedapal, con más de 1’412.305 conexiones de agua potable instaladas, es la segunda de las empresas que ha logrado una amplia cobertura de agua potable y alcantarillado (92%), según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Además, invierte cerca de S/450 millones al año en mejoras de sus redes de agua y alcantarillado.
No obstante, el propio gobierno ha aceptado que el servicio que se ofrece no es el ideal: la falta de acceso, las conexiones obsoletas y el desperdicio continuo del recurso lo reafirman.
Para ello, el ministro de Vivienda, Francisco Dumler, ha anunciado como una posible solución abrir las puertas para la empresa privada.
Tal como lo establece la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, la gestión del agua podría estar a cargo de una asociación público-privada, ya sea cofinanciada o autosostenible.
Si bien el ministro Dumler ha descartado la intención de privatizar Sedapal, en Pro Inversión se evalúan cuatro iniciativas privadas autosostenibles, es decir, sin uso de recursos públicos. Las cuatro han sido admitidas a trámite y son evaluadas por el MVCS. Este Diario solicitó los detalles de los proyectos, pero voceros de Pro Inversión señalaron que, por la ley de APP, la información es confidencial.
MEDIDA CONTROVERSIALLa apertura a la empresa privada para administrar el agua potable ha generado polémica. El Sindicato de Trabajadores de Sedapal, apoyado por el congresista Manuel Dammert, del grupo Acción Popular-Frente Amplio, se opone a esta medida porque elevaría las tarifas.
Para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, es válida la presencia del sector privado, ya que el desempeño del estatal es deficiente. Refiere que lo que debe hacer el Estado es regular que estas empresas cuenten con capacidad financiera para hacerse cargo del servicio. “Es inconcebible que exista población sin acceso al agua o que se reciba agua que no es de calidad. Y esto solo se da porque la empresa no tiene capacidad técnica o recursos”, señala.
Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, coincide con Peñaranda en que es necesario evaluar esta posibilidad. Precisó que se debe perder el miedo al aumento de las tarifas, ya que los proyectos son autosostenibles.
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