Fiscalía abre investigación contra alcalde de Miraflores por construcción de caseta en parque Leoncio Prado

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, por la construcción de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado, ubicada en una de las zonas más representativas del distrito. La pesquisa incluye los presuntos delitos de alteración del ambiente o paisaje y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.

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Además del alcalde, también están siendo investigados John Ampuero, gerente municipal; José Zamora, subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento; y Wilson Coronel, representante de la empresa Consorcio Miraflores. La acción fiscal se sustenta en denuncias vecinales que cuestionan la legalidad y el impacto ambiental de la obra.

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La fiscal provincial Diana Vargas Quiñones dispuso encargar a la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la Policía Nacional diversas diligencias, entre ellas la inspección técnica en la zona afectada, la elaboración de informes especializados, la toma de declaraciones a los investigados y la solicitud de documentación al municipio.

En su defensa, el alcalde Carlos Canales aseguró que la obra no responde a una decisión personal, sino a un proyecto aprobado en el presupuesto 2024 y respaldado por el Gobierno central. Según explicó, el módulo forma parte de un plan integral de seguridad ciudadana diseñado junto con la PNP y con financiamiento del Congreso y del Ministerio de Economía.

“Primero, el alcalde no tiene facultades administrativas. Esa denuncia es contra quienes resulten responsables. Este proyecto nace de una iniciativa que trabajamos con la Policía Nacional a pedido de los vecinos, especialmente de esa zona”, sostuvo Canales, al ratificar que se allanará a las investigaciones del Ministerio Público.

El burgomaestre agregó que el módulo ocupará apenas el 0.6 % del parque y será construido con material noble, a fin de garantizar durabilidad y reducir el impacto en el entorno. Asimismo, deslizó que detrás de las protestas habría motivaciones políticas.

“La ley no está cerrada. Hay una excepción que permite utilizar espacios públicos por necesidad de seguridad. Si usted va a Surco, La Molina o San Borja, verá módulos en todos los parques. ¿Todos estamos mal o hay una intencionalidad por un tema de campaña electoral?”, cuestionó.

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Pese a las críticas, Canales reafirmó que continuará con la ejecución de su plan de seguridad, que contempla la instalación de cinco módulos descentralizados en distintos puntos del distrito, además de incorporar cámaras, vehículos, inteligencia artificial y mayor personal de serenazgo.

La polémica en torno a la caseta de serenazgo se da en un contexto de creciente tensión política y vecinal, mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para determinar si efectivamente se vulneró la intangibilidad del parque Leoncio Prado.

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Redacción EC

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