Gestión deficiente e irregularidades en tres sectores le cuestan al Estado más de S/10.000 millones: Petro Perú y otros casos

En los últimos meses, la importancia de estas instituciones ha sido fundamental dentro de la gestión del Ejecutivo. La solvencia financiera de la petrolera estatal se vio afectada en la primera mitad de año tras las rebajas en su calificación crediticia por parte de agencias como Fitch Ratings y Standard & Poor´s. Por su parte, la demora en la licitación de urea a cargo de Agrorural afectará la productividad agrícola, mientras que las sospechas de corrupción en las adjudicaciones de obras en Provías Nacional y Descentralizado impactarán en la velocidad de la inversión pública en transportes.

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En lo que va del año, el Gobierno ha transferido a Petro-Perú S/9 mil millones en la modalidad de aportes de capital, préstamos y líneas de crédito [ver gráfico]. En mayo, a través del Decreto de Urgencia N°10-2022, se aprobó el apoyo financiero transitorio hasta por US$750 millones para que la empresa pueda atender obligaciones de corto plazo durante el presente año fiscal. En octubre, a través del Decreto de Urgencia N°23-2022, se aprobó el aporte de capital hasta por S/4.000 millones, así como una operación de endeudamiento de corto plazo por US$500 millones para la importación de petróleo crudo, combustibles y otros derivados.

Los S/9 mil millones asignados superan los actuales fondos de 14 ministerios y se encuentra solo por debajo de los sectores Interior, Educación, Salud y Transportes. Si a este monto se le agrega una emisión anterior de documentos cancelatorios por S/500 millones para el pago de derechos arancelarios e impuestos, así como la garantía previa de hasta US$1.000 millones (aún no ejecutada) para el financiamiento de la construcción de la Refinería de Talara, la cifra final representaría hasta 1,6% del PBI.

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Si bien la suma comprometida en la adquisición de urea agrícola supone una inversión menor (inicialmente de S/17,5 millones), la demora en el arribo del fertilizante impactará en la disponibilidad futura de los cultivos. El 25 de octubre, tras casi cinco meses de intentos fallidos, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural logró adjudicar la entrega de 44 mil toneladas de urea a la empresa paraguaya Direcagro. Sin embargo, su llegada recién se daría en la primera semana de diciembre, cuando se haya avanzado con un 70% de la campaña de siembra correspondiente al 2022-2023.

En el caso de la papa, altamente dependiente de este compuesto, el porcentaje usual de avance de los cultivos entre agosto y diciembre alcanza el 79,3%

Por último, las adjudicaciones de obras con indicios de corrupción, de acuerdo con investigaciones fiscales dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), alcanzan los S/1.037 millones. La recopilación toma en cuenta las dos principales unidades ejecutoras del sector: Provías Nacional y Provías Descentralizado.

En la primera unidad, se destinaron S/3.171 millones para obras en lo que va del gobierno, de las cuales el 25,3% (S/804,5 millones) corresponde, por ejemplo, al valor de los contratos que aparecen en un USB entregado al Ministerio Público por la colaboradora eficaz Karelim López y que estarían vinculados al grupo de parlamentarios ‘Los Niños’ . Los trabajos comprenden servicios de mantenimiento cuyos valores de contrato fluctúan entre S/52 y S/180 millones sobre vías ubicadas en regiones como Junín, Puno, Tacna, Apurímac, Tumbes y Cajamarca. [ver cuadro]

En el caso de Provías Descentralizado, la obra emblemática que dio inicio a las investigaciones dentro del entorno presidencial fue la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (S/232,5 millones). En esta obra se preveía invertir S/74 millones este año, pero su entrega fue anulada en enero tras la detección de irregularidades. Durante este gobierno, dicha entidad tuvo ocho directores a su cargo.

Pese a los cuestionamientos, ambas instituciones seguirán teniendo una importancia significativa en la asignación y gestión de los recursos del ministerio. Para el 2023, el MTC prevé asignarles S/4.996 millones en obras, monto que representa el 61,3% del presupuesto de apertura para proyectos del sector (S/8.155 millones).

Corrupción e ineficacia estatal. Por Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, Director ejecutivo de Videnza Instituto

La corrupción no solo desvía recursos públicos para el cierre de brechas sociales sino que impide el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado y erosiona su legitimidad ante la ciudadanía. La administración pública ha ocasionado un perjuicio económico superior a los S/ 24 mil millones según la CGR, monto que equivale al 14% del presupuesto general de la República. En el caso de las cuestionadas unidades ejecutoras del MTC, hay que imputarle responsabilidad adicional por 71 obras paralizadas valorizadas en S/1.000 millones. Por su parte, el salvataje de Petroperú constituye un mal precedente por el impacto fiscal y las contingencias que se generan. Estos desembolsos no condicionados no garantizan las urgentes mejoras requeridas en el gobierno corporativo de la empresa.

La administración pública ha ocasionado un perjuicio económico superior a los S/ 24 mil millones según la CGR

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

Un claro ejemplo de la ineficacia del gasto público lo constituye los infructuosos intentos por licitar fertilizantes. De hecho, este caso ilustra la ineficiencia de los sistemas de compras públicas que, según el BID, genera perdidas anuales de 2% del PBI. Evidentemente hay una afectación adversa a los consumidores ante el eventual encarecimiento de alimentos en los centros urbanos y un perjuicio a la economía de los pequeños agricultores que se tornan más vulnerables sin un oportuno apoyo estatal. Filtraciones en la distribución de bonos exacerban esta situación. Así, en lo que va de la gestión de Gobierno se ha degradado la gestión pública y se han generado expectativas que serán imposibles de cumplir.