La ONPE conocía fallas logísticas antes de las elecciones del 12 de abril: el posible futuro legal de los responsables

En medio de una serie de irregularidades durante la jornada electoral, que poco a poco están saliendo a la luz —al punto de que Piero Corvetto ha renunciado a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)—, un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que el desorden vivido durante las elecciones del 12 de abril no fue accidental, sino que era de conocimiento de los funcionarios de la ONPE desde días antes de los comicios. Esto se debió al retraso en la instalación de equipos informáticos que, pese al elevado presupuesto de S/41 millones que la entidad solicitó para adquirirlos, en muchos casos nunca fueron utilizados.

En el informe se detallan una serie de negligencias administrativas que no fueron subsanadas con anticipación, razón por la cual miles de ciudadanos no pudieron votar ese domingo, ya que no llegó el material electoral.

El documento oficial, fechado el 14 de abril a las 11 a.m., recoge una entrevista de los contralores a Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente suspendido de Producción Electoral de la ONPE. En dicho informe se le preguntó si finalmente se llegaron a adquirir laptops e impresoras para el proceso electoral. Phang indicó que el proceso de adquisición de las laptops se realizó en septiembre de 2025, teniendo como área usuaria a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral. “La entrega fue de 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módems para 2.269 locales en Lima Metropolitana y Callao”, señaló.

De esta manera, se confirmó que estos equipos se compraron desde el año pasado. Es decir, la ONPE tuvo casi seis meses para tener listo el uso de estos equipos; sin embargo, esto no se cumplió. “Se terminaron de recibir todos los equipos informáticos el 7 de abril de 2026. Según el plan operativo electoral, aprobado con resolución, la entrega estaba prevista desde el 20 de marzo hasta el 4 de abril de 2026”, agregó. En esta declaración, se refiere a la entrega en el almacén de la ONPE ubicado en Lurín, ya que en realidad los equipos fueron entregados desde septiembre del año pasado, solo que custodiados en otras instalaciones.

Así se evidencia que, pese a que este traslado estaba previsto para el 4 de abril de 2026, se realizó recién el día 7, pese a contar con los materiales desde hacía seis meses. Antes de los comicios, la ONPE ya incumplía los plazos del plan operativo electoral, lo que era de conocimiento de sus altos mandos.

“Hubo la necesidad de replegar (retirar) 5.441 kits (compuestos por una impresora y una laptop)”, se lee en la entrevista del informe. Esto implicó el retiro de equipos informáticos de 203 locales de votación donde se realizaban jornadas de capacitación. Los kits fueron retirados por la Gerencia de Gestión Electoral a solicitud de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.

Esto quiere decir que los equipos que iban a utilizarse el día de las elecciones eran los mismos que requerían los miembros de mesa y el personal de la ONPE para su capacitación.

“Los equipos fueron llevados para ser configurados con las características que se requerían para ser utilizados como material de sufragio. Dicha situación no estaba contemplada en el plan operativo electoral, ni existen antecedentes de que se haya realizado en algún proceso de similares características. En conclusión, la entrega de equipos informáticos fue posterior a lo establecido en el plan operativo electoral”, reveló Phang.

Por si fuera poco, se informó que la distribución y colocación de los equipos informáticos culminó el 12 de abril a las 4:30 p.m., es decir, nueve horas y media después de iniciadas las elecciones. “El atraso se debió a que, como se comentó anteriormente, la entrega debió culminar el día 4 de abril de 2026; sin embargo, al presentarse la necesidad de efectuar la configuración, embalaje y rotulado de los equipos informáticos, la provisión de estos bienes por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral se realizó hasta el 7 de abril de 2026”, se lee.

El funcionario de la ONPE confesó que, desde antes de las elecciones, tenían conocimiento de lo que podía ocurrir. “Todos éramos conscientes de que esto podía generar un retraso. Se informó al gerente de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE —quien en ese entonces era José Samamé Blas, antes de ser detenido—, quien indicó que debía recogerse los equipos, entregarlos a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral para su configuración y luego trasladarlos nuevamente a los locales de votación”, señaló.

En el informe también se confirma que, en el cronograma modificado de rutas para dirigir el material a los locales de votación, se consignaba que el rango de llegada —incluidos los equipos informáticos— era de 3 a 4 horas. Sin embargo, “esto no condice con la realidad, ya que la ruta comprendía entre 7 y 17 locales de votación, por lo que el tiempo de entrega era de aproximadamente 8 horas”. Juan Phang señaló verbalmente esta situación a su jefe inmediato, el entonces gerente de la Gerencia de Gestión Electoral, José Samamé Blas. Le sugirió que solo se entregara el material electoral (sin equipos informáticos) para asegurar que no hubiera retrasos; sin embargo, la respuesta de Samamé fue negativa, señalando que ello afectaría la meta institucional.

Así se constata que se estableció un nuevo cronograma de rutas con plazos imposibles de cumplir. Los contralores indicaron que “el señor Juan Phang Sánchez manifestó que, entre las 10:00 y 11:00 horas del domingo 12 de abril de 2026, recibió una orden verbal telefónica de su jefe José Samamé, indicándole que no se entreguen los equipos informáticos electorales porque ya no se utilizaría la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio de la ONPE (STAE)”.

Esto quiere decir que el mismo día de las elecciones, luego de varias horas desde su inicio —que ya presentaba retrasos en distintos distritos de Lima—, se dieron cuenta de que no lograrían entregar a tiempo los equipos en los que se invirtieron S/41 millones.

Entonces, ese mismo domingo se reconoció el error y se decidió no distribuir los equipos. Sin embargo, como se ha evidenciado, esta situación pudo haberse previsto con anticipación.

A esta negligencia se suman chats de conversaciones entre Juan Phang y José Samamé que evidencian errores de distribución insólitos. Estos mensajes, entregados por Phang a la Contraloría, revelan que en el colegio Chinchaysuyo, en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, llegaron cédulas de Lima Provincias cuando debieron llegar cédulas de la región Junín, lo que evidencia una falta de control en el rotulado del material.

Es decir, además de los retrasos, esta conversación entre altos funcionarios de la ONPE evidencia que también se estaban enviando cédulas de votación a Huancayo cuando estas correspondían a Lima.

Estas irregularidades podrían configurarse como el delito de colusión. Así lo señaló a El Comercio Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (excandidata al Senado). “El personal de la ONPE habría tratado de encubrir el incumplimiento de un proveedor anterior o su propia falta de conocimientos técnicos. Llama mucho la atención que la ONPE haya recibido tantos millones de soles en equipos informáticos y que parte de esa compra no se haya instalado. Esto ha generado retrasos en las etapas posteriores a la entrega de dichos equipos”, sostuvo.

“Hubiera sido conveniente hacer uso del sistema de llave en mano, en el cual el proveedor de los equipos de cómputo se hubiera encargado de trasladarlos e instalarlos en los lugares donde debían realizarse las capacitaciones y, posteriormente, trasladarlos nuevamente en la fecha correspondiente al sufragio. Tal vez se inventó la necesidad para favorecer al proveedor de estos equipos. De ser así, estaríamos ante el delito de colusión. Y si simplemente se creó esa necesidad para favorecer a dicho proveedor sin que se demuestre algún beneficio a cambio, estaríamos frente al delito de negociación incompatible con el cargo”, agregó.

Mónica Yaya también consideró que hubiera sido necesaria una intervención más activa y oportuna por parte de la Contraloría. “Esta ha emitido sus informes de control en fechas demasiado cercanas al 12 de abril”, señaló.

Sobre la renuncia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que esta no lo exime de las responsabilidades asumidas durante su gestión. “Durante su mandato se realizaron estas contrataciones con criterios poco claros”, concluyó.

Por otro lado, la abogada especialista en contratos públicos, Cecilia Ruiz Morales, dijo a El Comercio que existen diversas irregularidades en la forma en que se formularon los términos de referencia. Este concepto alude a las condiciones técnicas específicas para la adquisición de un bien o, en este caso, de un servicio. “Los términos de referencia de la ONPE no son congruentes con las obligaciones que realmente debieron ejecutarse”, agregó.

“Hay incumplimiento por parte de los funcionarios. Además, no hubo una ejecución prolija por parte de los contratistas. La ONPE es una entidad pública que se prepara durante años para este momento”, expresó.

Cecilia Ruiz señaló que, en cuanto a las responsabilidades, las sanciones de orden administrativo pueden dividirse en dos ámbitos. Por un lado, están las relacionadas con los contratistas que incumplieron o cumplieron de manera tardía o defectuosa su labor, por lo que corresponde realizar procesos de control y verificación de las ejecuciones contractuales. Por otro lado, están los funcionarios que seleccionaron —supuestamente— a los mejores contratistas, por lo que debe realizarse una auditoría para determinar posibles incumplimientos de sus funciones.

“Las sanciones pueden llegar hasta la destitución. Además, en cuanto a responsabilidades penales, si estamos ante un delito contra la administración pública, corresponde a un procurador presentar la denuncia”, sostuvo.

El Comercio se contactó con la ONPE para solicitar sus descargos. Sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta de su parte.