¿Beneficios para pagar extorsiones? Otro proyecto de APP propone congelar deudas de las víctimas

Al ser cuestionado por la prensa, Lizarzaburu dijo no recordar que había firmado, pero que retiraría su rúbrica del proyecto que también tiene como coautores a sus compañeros de bancada Elva Julón Irigoín (autora), Alejandro Soto, María Acuña, Magaly Ruiz, Roberto Chiabra (ex integrante de APP) y Lady Camones. “Me parece descabellado, de esta manera estamos validando la extorsión o poniéndola dentro de una cuenta de resultados”, añadió a Canal N.

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El proyecto de Ley N°10289/2024-CR busca crear el Registro de micro y pequeños empresarios víctimas de sicariato, secuestro o extorsión, a cargo del Ministerio del Interior, para brindar medidas extraordinarias de financiamiento y congelamiento de deuda “a fin de evitar el cierre de sus negocios y/o actividades a nivel nacional”.

A las víctimas registradas se les otorgaría un congelamiento temporal —hasta por seis meses— de sus obligaciones crediticias ante el sistema financiero y deudas con la SUNAT. También podrían acceder a líneas de crédito a cargo de COFIDE y Banco de la Nación.

“Las Empresas del Sistema Financiero (ESF) deben establecer un periodo de congelamiento de 180 días calendario, para créditos de consumo, personales, MYPES y vehicular independiente a lo pactado con anterioridad para aquellos deudores inscritos en el registro referido en el artículo 2, que no han podido realizar ningún pago en los últimos 3 meses antes de la publicación de la presente ley”, se lee en la propuesta.

Frank Casas, experto en análisis de Políticas de Seguridad, advirtió que una iniciativa de este tipo no tiene efectos en la prevención del delito ni en la reducción de la impunidad. Si se considera que el objetivo es atenuar el perjuicio económico de las extorsiones, el especialista cuestionó que solo se enfoque en un tipo de delito cuando el incremento de la delincuencia afecta a la ciudadanía de distintas formas. “¿Por qué solo las extorsiones y no otros delitos que también generan perjuicios? A veces por robarte un celular también te matan. ¿Por qué solamente a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no a otros sujetos que también pueden ser víctimas de la extorsión aun cuando no necesariamente sean del rubro empresarial? Hay casos en los que a una persona por simplemente comprarse un televisor ya lo están extorsionando”, dijo a Este Diario.

Para Casas, la iniciativa tampoco toma en consideración que una gran parte de los pequeños empresarios o microemprendedores son informales y no necesariamente acceden a préstamos del sistema bancario por lo que no los incluirían en los beneficios del congelamiento de deudas. “¿Cuántas personas están en el sistema formal? ¿cuántos tienen acceso a crédito formal de un banco, de una financiera? El grueso de nuestros pequeños emprendedores están en el mercado de la logística informal. Entonces, ¿cuánto va a impactar la norma? No lo sabemos”, añade.

Esta iniciativa se asemeja al proyecto de ley 12793/2025-CR, presentado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, también de APP, para que las empresas puedan deducir del impuesto a la renta los cobros por extorsiones y pagos de cupos. La iniciativa, que fue retirada hace unos días luego de las críticas, planteaba modificar el literal d) del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta, “para acreditar las pérdidas extraordinarias de los contribuyentes víctimas del delito de extorsión”. Así, se podrían añadir como deducibles los pagos extorsivos, que pasarían a ser consideradas como “pérdidas extraordinarias”.

El avance de la criminalidad en el país ha golpeado con especial fuerza a las empresas, desde pequeñas a grandes. Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, recordó que el sector bodeguero fue el primero en denunciar el incremento de extorsiones desde el 2021, pero, ante la falta de medidas efectivas contra la criminalidad, el problema se ha extendido a otras actividades económicas con más fuerza, como el de transporte urbano. En un informe previo de este diario, Choy informó que solo hasta julio pasado, más de 1.000 bodegas habían cerrado por las extorsiones.

Además, en abril pasado, el colectivo Educar con Libertad, que agrupa a ocho asociaciones de colegios, padres de familia y promotores de Lima y distintas regiones, informó a El Comercio que al menos 1.000 colegios privados eran víctimas de extorsiones, de los cuales apenas 300 había presentado una denuncia policial. El resto temía represalias. “Solo en lo que va del año, tenemos 175 colegios cerrados por extorsión. Hasta diciembre del año pasado eran otros 300. Obviamente contamos solo los que quieren hablar. Hay muchos que no denuncian porque están atemorizados y han tenido que migrar a otras regiones o irse del país”, explicó Giannina Miranda, vocera de esta organización.

Expertos consultados previamente por este Diario coinciden en que la lucha contra las extorsiones tiene varios frentes, pero con un punto en común: el trabajo de inteligencia. Para Cecilia Caparachin Puente, investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad, se requiere coordinación constante entre la policía y los gobiernos locales, que incluya la articulación con las asociaciones comunitarias para fortalecer la prevención y la disuasión del delito “Es bastante conocido dónde se desarrollan las extorsiones, pero falta fortalecer la investigación. Se necesitan unidades policiales altamente capacitadas, no solo a nivel central sino también actuación local”, explicó.

De igual forma, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y gerente general de Capital Humano y Social S.A., considera que se requiere un incremento significativo de la capacidad de acción de la investigación criminal y de la inteligencia así como “más recursos humanos capacitados, que pasen por un proceso de selección muy riguroso; asegurar una infraestructura y logística adecuadas; acceso a la mejor tecnología disponible en el mundo; derogar las leyes que han reducido de manera importante la capacidad de los operadores de justicia para enfrentar al crimen organizado; y supervisar los recursos que se destinen a esta tarea para asegurar que cumplan su propósito de manera transparente y honesta”.