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Se conoció que más de un funcionario de Estado, algunos de ellos ministros del Gobierno de Francisco Sagasti, recibieron la vacuna de Sinopharm. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Sorpresa e indignación causó a gran parte de peruanos escuchar al expresidente Martín Vizcarra decir que había participado de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. Más aún, cuando existirían pruebas que demostrarían que el hoy postulante al Congreso por Somos Perú recibió una dosis de la vacuna -propiamente dicha- que formaba parte de un lote de “cortesía” proporcionado por la farmacéutica.
Sorpresa e indignación causó a gran parte de peruanos escuchar al expresidente Martín Vizcarra decir que había participado de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. Más aún, cuando existirían pruebas que demostrarían que el hoy postulante al Congreso por Somos Perú recibió una dosis de la vacuna -propiamente dicha- que formaba parte de un lote de “cortesía” proporcionado por la farmacéutica.
Por si fuera poco, se conoció que más de un funcionario de Estado, algunos de ellos ministros del Gobierno de Francisco Sagasti, recibieron también la vacuna de Sinopharm. Tras esta revelación el sector médico ha mostrado su total rechazo al accionar de Vizcarra y compañía, pues asegura que esas dosis hubieran salvado la vida de varios miembros del personal médico que combate en primera línea.
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El Comercio conversó con algunos representantes de la comunidad médica del Perú para recoger su sentir.
Falta de transparencia
El doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), expresó que la indignación es el sentir que lo invade tanto a él como a sus colegas. Calificó a esta vacunación como una “injusticia”, pues debió ser dirigida al personal médico que estaba muy expuesto a la carga viral en esa época.
“En setiembre, nosotros acreditamos 41 médicos fallecidos, y en octubre 12 más. Justo en los meses en que se estaba dando este tipo de vacunación. Nosotros como orden médica estamos indignados por lo que está pasando. [Las vacunas] hubieran ayudado bastante. De tal manera que la palabra que mejor sintetiza [la situación] es indignación”, indicó Palacios.
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“Había dos mil dosis que enviaron al Perú, o sea mil vacunas. Algunas de ellas dirigidas a las personas que estaban alrededor del ensayo clínico. Pero aun así sobraban bastantes vacunas con las cuales, de manera transparente y abierta, se hubiese beneficiado a los médicos que estaban en primera línea”, agregó.
En ese sentido, Palacios manifestó a este Diario que la transparencia es uno de los hechos que más ha reclamado el Colegio Médico. “Transparencia para saber la cantidad de pruebas que se hacían, transparencia para saber la verdadera relación de fallecidos, que era discordante con la de Diresa y la del Sinadef. Desde el inicio ha sido necesaria la transparencia que lamentablemente no ha habido en el proceso de lucha contra la pandemia”, dijo.
Además, el decano del CMP resaltó que la respuesta del Estado frente a este escándalo debe ser “con mano dura”, para que se recupere la confianza y credibilidad de la población y el mundo. También solicitó que el Gobierno continúe adelante con las conversaciones para traer más vacunas. “Si no vacunamos al 80 o 90% de la población la tercera ola que va a venir en unos meses nos va a golpear. Es muy importante seguir con las conversaciones y no distraernos”, detalló.
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Mentira tras mentira
Por su parte, Godofredo Talavera, el presidente de la Federación Médica del Perú, sostuvo que Vizcarra mintió desde el inicio de la pandemia, ya que nunca se efectuó en su Gobierno la compra de las vacunas, tal y como hizo creer a todos los peruanos.
“Nosotros consideramos que el señor Vizcarra es un mitómano, para mintiendo. Siempre ha mentido respecto a la llegada de la vacuna y muchas otras cosas más. Creemos que es algo que debe ser sancionado. No debe ocupar más algún otro cargo público, al igual que todos los que a espaldas del pueblo se han vacunado”, expresó.
Talavera indicó que en ningún momento el exmandatario pensó en las muertes diarias de los médicos y enfermeras en todo el país a causa del COVID-19 y que ahora se entiende por qué la demora en tomar varias medidas, como el abastecimiento rápido de oxígeno en las regiones o el fortalecimiento de la atención primaria.
“El haber recibido supuestas dádivas de un laboratorio con que se iba a negociar no es lo más correcto. Es algo lamentable, hemos sido manejados. El hecho que estén ellos ya vacunados ya qué les va a interesar el resto, no se ha preocupado en el primer nivel de atención, poner los puntos de oxígeno como debe ser”, lamentó Talavera.
El médico también dijo que espera que salga a la luz la lista completa de los funcionarios del Estado que recibieron una vacuna y se los sancione como corresponda. “Es bueno que Sagasti haya dicho que en su Gobierno no va a permanecer ningún funcionario que ha participado de esta dádiva. Hay muchos que sí lo han hecho honestamente, se han inscrito al ensayo clínico, han sido sorteados. Pero el otro grupo ya sabía que se trataba de vacunas y se las pusieron a espaldas del pueblo, de los médicos que están muriendo”, sentenció.
Investigarán distribución de vacunas
Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, se refirió esta mañana al caso de los funcionarios beneficiados con las vacunas contra el COVID-19. En entrevista a TV Perú, sostuvo que existe un problema ético en este.
La exministra, quien forma parte de la comisión investigadora encargada de averiguar cuántas vacunas de Sinopharm llegaron al país, su distribución y que ex o altos funcionarios ya fueron vacunados contra el COVID-19, afirmó que designarán a los mejores representantes del citado gremio para que participen en esta tarea.
“No puedo adelantar una opinión sin información, obviamente, cuando se está instalando una comisión investigadora. Lo único que puedo señalar es que es claro que acá hay un problema ético muy serio, y lo que hay que hacer es investigar los pormenores”, indicó.
La Rosa estimó que esta tarde se pueda instalar la comisión investigadora. “Creemos que esta comisión se tiene que instalar apenas el Ministerio de Salud lo convoque. Esperamos que sea hoy por la tarde. Sé que se ha adelantado el levantamiento de información sobre quienes recibieron la vacuna. Creo que muy rápidamente vamos a tener esa información del INS y de la UPCH, y se va a hacer la investigación y plan de trabajo de la comisión”, indicó.
En otro momento, consideró que el tema de la investigación debe continuar, pero que el Gobierno debe poner el interés en seguir con las negociaciones para la adquisición de un mayor número de vacunas contra el COVID-19.
“Espero que el proceso de adquisición de dosis con Sinopharm con todos los demás no se vea afectado. Creo que en este momento hay que cerrar filas para vacunar al país, ese es el punto central. Esto [caso de funcionarios vacunados] debe quedar encapsulado en una investigación y que se sancione si es necesario a quienes resulten responsables”, señaló.
Investigarán distribución de vacunas
En diálogo con este Diario, la vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Rosa López Martínez, señaló que como miembro de un equipo que ha trabajado duramente desde el mes de marzo del año pasado, siente “una indignación sumamente grave por esta situación”, ya que considera que estas vacunas debieron estar destinadas también para el personal de salud de primera línea.
López mencionó que necesitan que el tema de la vacunación de funcionarios se esclarezca. Asimismo, recalcó que están guardando prudencia ya que es un momento difícil para el país. “Necesitamos salir de este momento tan severo porque es primordial que se termine la inmunización de todos los que están planificados”, aseveró.
Agregó que la Sopemi reclama transparencia en el proceso de vacunación y que se considere a quienes realmente combaten al COVID-19 en la primera línea.
“Hay quejas en muchos hospitales. Necesitamos prestar atención a esto. El personal de salud no necesita una medalla, no necesita nada diferente de lo que puede ser un trato justo y digno. Esto implicaba que en esta situación se nos considerara por adelante para ser protegidos todos”, dijo a El Comercio.
La vicepresidenta de Sopemi afirmó que esta situación es un golpe muy duro para ellos como médicos intensivistas. “Para nosotros es un desprecio total hacia la vida del personal que ha estado protegiendo a los demás”, finalizó.
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