Una jueza federal de Boston (Massachusetts) bloqueó este viernes temporalmente la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de paralizar las matriculaciones de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard.
La orden de la jueza responde a una moción presentada hoy por Harvard para pedir una pausa temporal de la eliminación de su permiso para acoger a alumnos internacionales -que suponen la cuarta parte del estudiantado- por parte del Gobierno, al que además ha vuelto a demandar.
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“Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable”, apuntó la jueza de distrito Allison D. Burroughs.
Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo a las 9:30 hora local (13:30 GMT) una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.
La orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata y probablemente se extenderá hasta la celebración de esta vista.
El Gobierno de Donald Trump prohibió ayer a Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses, y conminó a los actualmente inscritos a trasladarse a otras universidades so pena de perder su estatus migratorio.
La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que indicaba que el programa de la Universidad para Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado.
La universidad, la más prestigiosa de EE.UU., respondió al Gobierno con una demanda en la que afirma que la certificación para recibir a extranjeros es “esencial” para que estos permanezcan legalmente en el país.
Y señaló que la revocación de este permiso ya ha “desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación y clínicas y cursos”.
Harvard ya demandó el pasado abril a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada (2.600 millones de dólares) por incurrir en supuestas conductas antisemitas.
La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’, creado por Trump, por aplicar políticas de ‘discriminación positiva’ o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica como “diversidad de ideas”.
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