Apoye, no castigue: la urgencia de legislar desde la realidad

Nos enseñaron que hay sustancias “buenas” y “malas”. Que unas merecen publicidad en horario familiar y otras, la cárcel. Nos dijeron que esto era ciencia, seguridad y salud pública, cuando en realidad se trata de un experimento social basado en el moralismo y en la consolidación de un poder que decide qué personas son productivas y cuáles peligrosas. A veces parece que decidieran cuáles son personas y cuáles no. Llevamos más de 60 años repitiendo mentiras diseñadas para generar miedo. En un debate científico, la prohibición pierde.

Desde el 1987, cada 26 de junio la ONU conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hay gobiernos que han usado esta fecha para colgarse medallas por la quema de campos o el encarcelamiento de los eslabones más débiles de la cadena. Frente a esa narrativa, en el 2013 nació la contracampaña global Apoye, No Castigue (Support, Don’t Punish). No es una celebración; es una respuesta llevada a cabo en más de 206 ciudades en 65 países para exigir un cambio de paradigma. Es el reclamo de que los presupuestos públicos que hoy se gastan en perseguir –S/1.396′331.627 en el Perú entre el 2020 y 2025– se destinen a donde realmente importa: la salud mental, información, educación, vivienda y redes de contención.

Si el sistema se basara realmente en el cuidado, el alcohol y el tabaco estarían prohibidos desde hace décadas. Incluso el azúcar ultra procesada lo estaría. El alcohol es una de las sustancias con mayor daño social y personal comprobado, muy por encima de muchas plantas y moléculas hoy ilegalizadas. Sin embargo, como sociedad seguimos celebrando la resaca mientras justificamos la militarización de los barrios por otras sustancias. Esto no tiene que ver con la farmacología ni con bienestar; tiene que ver con control selectivo e intereses económicos.

Las sustancias no tienen moral. No son buenas ni malas; son compuestos químicos. La carga moral se la ponemos a través del prejuicio. Prohibir una sustancia porque a una parte de la sociedad no le gusta es tan absurdo como prohibir la torta de chocolate porque causa diabetes. Si no te gusta, o no puedes, no la consumas, pero el uso ajeno no debería ser materia de legislación moral. La guerra contra las drogas jamás fue una guerra contra las moléculas; fue, y es, una guerra contra las personas.

La prohibición no eliminó las sustancias; lo que intenta es eliminar la ciudadanía de quienes las usan, empujándolas a la clandestinidad, al estigma y a la violencia institucional. Creó mercados sin regulación –donde el Estado renuncia a su deber de cuidar– para luego criminalizar a quien sobrevive dentro de ellos, construyendo enemigos útiles: comunidades empobrecidas, personas usuarias, campesinas y mujeres. Lo más doloroso es que, incluso en espacios de derechos humanos, se sigue tratando a quienes usamos como “seres rotos” que necesitan rescate, que su dignidad depende de la abstinencia. Hay más muertes causadas por la prohibición que por las sustancias mismas.

En Proyecto Soma hablamos de reducción de riesgos y posibles daños, que no es una invitación al uso, sino un aterrizaje forzoso en la realidad. El 87% de las personas que usan drogas no presentan un uso problemático; conviven con ellas de manera funcional, recreativa o terapéutica (dato de UNODC). Muchas personas usamos sustancias para el placer, descansar, conectar, crear, soportar jornadas laborales extenuantes o, simplemente, escapar de la realidad por un momento.

Escapar no tiene nada de malo; leemos libros, vemos películas y dormimos con el mismo fin. El riesgo existe, igual que en el paracaidismo, pero no justifica la pérdida de la libertad. El sufrimiento, el placer, el trauma o la necesidad de alivio no son temas que una ley penal resuelva. Tampoco se trata de defender una legalización solo corporativa, en la que grandes empresas reemplacen a los cárteles ignorando la reparación y la memoria de las comunidades devastadas por esta guerra. Se trata de regular pensando en la realidad.

Mi activismo tiene un corazón innegociable: las libertades personales y la soberanía sobre el propio cuerpo. Exigir políticas basadas en la evidencia, la autonomía y la compasión. Desde la verdad. Es absurdo sostener un sistema que fabrica muerte y dolor en nombre de la seguridad. Al final, parece que lo que más le molesta a esta sociedad es la libertad ajena. Pero podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Necesitamos hacerlo mejor.