Salvo la matrícula, todo es ilusión

La educación universitaria en el Perú está siendo jaloneada como si fuera el juego de la cuerda en el que gana el grupo más fuerte y pierden quienes, por su falta de estrategia o debilidad, cruzan la línea y usualmente terminan por los suelos.

Esto ha ocurrido tanto con los estudiantes de universidades no licenciadas, que son los de menos recursos, como también con aquellos que consideran que la educación es un servicio público con estándares de calidad.

Este grupo, en los últimos años, había realizado una destacable resistencia, pero resultó insuficiente pues su último bastión, el TC, que hacía fuerza desde atrás, se pasó a los del frente, apartándose de una clara posición de defensa de la reforma universitaria.

El último jalón, que generó el cruce de la línea, ha sido la sentencia emitida por este órgano que establece la constitucionalidad de la Ley 31520, que pretende regresar a un modelo ANR 2.0, quitándole la rectoría de la supervisión de calidad al Minedu para dar paso al diseño fallido de autorregulación de los rectores que devino en anarquía; es decir, en una desnaturalización de la autonomía universitaria.

Lo dicho incluye que el Consejo Directivo de la Sunedu vuelva a tener integrantes elegidos de forma política (por elecciones de rectores, quienes terminan siendo juez y parte), dejando de lado la meritocracia y que resulte imposible exigir estándares de calidad a las facultades, lo que suponía el siguiente paso de la reforma universitaria.

Por lo tanto, la evaluación a las universidades será parcial y no habrá espacio para restringir el funcionamiento de centros de estudio sin infraestructura, profesores a tiempo completo, buenos planes de estudios, entre otros; lo que afecta al lado más vulnerable de la soga: los estudiantes, sus familias y los peruanos más necesitados.

Entonces, los alumnos seguirán recibiendo una educación pobre, se insistirá en la estafa a los padres y se continuará con el pésimo servicio profesional que reciben aquellos que, por ejemplo, no pueden pagar por servicios médicos de calidad. Lo dicho se debe a que con esta ley constitucionalizada no habrá ningún tipo de supervisión sobre las facultades de medicina, lo que no garantiza las necesarias aptitudes de sus egresados.

A esto nos ha llevado el grupo fuerte, en el que priman intereses económicos, que arremetió con una gran embestida política y legal que ha dejado sin dientes a la reforma universitaria.

Los extremos en el Congreso se juntaron para aprobar la mencionada ley, que en un primer momento fue paralizada por el Poder Judicial (mediante un proceso de amparo), pero que luego fue validada por el TC con su reciente sentencia, lo que ha permitido su puesta en práctica.

La educación universitaria de calidad no solo es un servicio público, sino también un derecho fundamental, lo que no ha sido valorado por los congresistas que promovieron esta ley y que, posteriormente y de forma fraudulenta, la cuestionaron ante el TC esperando una respuesta favorable a sus intereses; un resultado que lograron.

Ante lo dicho, nos corresponde como sociedad alertar sobre lo sucedido y hacer lo posible a partir de la movilización ciudadana y del trabajo de nuestras instituciones para que podamos volver a recoger la cuerda y jalar hacia una educación de calidad haciéndole frente a las presiones económicas que nunca deben estar por encima del interés superior del estudiante.