Una nueva arquitectura de seguridad para las Américas

No es nuevo que el crimen y la violencia impulsados por facciones criminales ponen en entredicho el desarrollo, la convivencia pacífica y la democracia en las Américas. La dinámica del delito ha abandonado la lógica operativa limitada por fronteras nacionales. Estas operaciones mueven miles de millones de dólares y han evolucionado hasta transformarse en verdaderos conglomerados multinacionales del crimen, diversificando sus actividades ilícitas y extendiendo su presencia a múltiples países. Esta estrategia no solo permite maximizar ganancias económicas, sino que también distribuye riesgos y minimiza la posibilidad de ser desarticulados por parte de las autoridades, limitadas por sus jurisdicciones territoriales o por mecanismos de colaboración lentos y burocráticos. Frente a esta realidad, llegó el momento de que los países del hemisferio transformen radicalmente sus estrategias nacionales y redesplieguen instrumentos de cooperación transfronteriza.

El reciente acuerdo para implementar una Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana para prevenir el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, firmada en la Organización de los Estados Americanos, puede ser el norte que faltaba en la construcción de nuevas políticas de cooperación internacional. El acto en sí mismo representa un gran logro, por ser también un modelo de colaboración replicable para enfrentar otras manifestaciones del crimen organizado más allá del tráfico de armas. Explorar la ampliación de este mecanismo puede ser clave para la construcción de una nueva arquitectura para combatir las principales amenazas a la seguridad de las Américas.

Una hoja de ruta subregional implica dos movimientos simultáneos y complementarios: primero, una reorganización interna en los países para mejorar su gobernanza en la lucha contra la criminalidad especializada; y segundo, la coordinación entre los países involucrados con el apoyo de organizaciones internacionales.

La reorganización interna de cada país es necesaria para involucrar a las agencias gubernamentales, la academia, el sector privado y la sociedad civil en la formulación e implementación de planes nacionales. Estos deben establecer metas claras e indicadores para medir su impacto, y permitir la incorporación de nuevos actores que tradicionalmente no forman parte de los esfuerzos de combate al crimen. En el caso del tráfico de armas, por ejemplo, la participación de los servicios postales es fundamental dada la forma en que los criminales utilizan este servicio para enviar piezas y componentes. Además, cuando un país se compromete con sus vecinos al participar en un Plan de Acción de esta naturaleza, se espera que el mecanismo sea impulsado como una prioridad política.

La coordinación internacional, por su parte, garantiza un sistema de gobernanza plural para la supervisión y el seguimiento permanente. Organismos internacionales como la OEA y la ONU han desempeñado este papel en la supervisión de los compromisos asumidos con los Planes de Acción contra el tráfico de armas. Además, la participación de bancos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como ONG especializadas como el Small Arms Survey y el Mines Advisory Group, son cruciales para viabilizar el apoyo financiero y la asistencia técnica a los países.

Finalmente, el hecho de que estas acciones dividan el mapa en subregiones facilita su ejecución y la búsqueda de consensos políticos. Al reunir a países vecinos en la creación de un plan común, se acercan realidades socioeconómicas y dinámicas criminales, estableciendo un perímetro factible para la implementación de objetivos comunes.

No es casualidad que esta “Hoja de Ruta” contra el tráfico de armas haya avanzado ahora en Centroamérica. La seguridad pública se ha elevado como tema prioritario en las Américas. Su impacto trasciende el mantenimiento del orden público y es un factor determinante para el crecimiento de la inversión económica privada, la reducción de los flujos migratorios forzados y la preservación del Estado de Derecho y de la democracia.

En este contexto, cobra mayor relevancia un movimiento internacional que pone el foco en la cooperación para apoyar los esfuerzos nacionales. El Fondo Monetario Internacional lanzó en diciembre de 2024 un estudio que relaciona la criminalidad, la inseguridad y el bajo crecimiento económico en América Latina, evidenciando cómo estos fenómenos se retroalimentan. También en diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó su Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo, una iniciativa que proporcionará recursos a los países para avanzar de manera estructurada en políticas de lucha contra el crimen organizado.

En paralelo, la 61ª Conferencia de Seguridad de Múnich concluyó que el crimen organizado transnacional es una de las mayores amenazas a la seguridad global y su combate debe ser una prioridad para todos los países. Entre las recomendaciones sobre cómo avanzar en esta tarea se encuentran el fortalecimiento de las capacidades estatales en la lucha contra el crimen mediante la construcción de resiliencias locales y el aumento intensivo de la cooperación internacional, incluyendo el avance en la construcción de marcos legales comunes, operaciones policiales compartidas y el intercambio de información en tiempo real entre países.

Este consenso emergente entre actores internacionales de primer nivel representa una ventana de oportunidad histórica para la región, que puede beneficiarse del acumulado técnico, la inversión financiera y la capacidad de coordinación que la comunidad internacional puede ofrecer.

La amenaza existencial del crimen organizado exige una respuesta a la altura, innovadora, audaz y, sobre todo, coordinada. El modelo de “Hojas de Ruta”consolida un mecanismo de cooperación subregional que trasciende las limitaciones de la soberanía tradicional y abre camino hacia una nueva arquitectura de seguridad hemisférica. Bien aprovechadas, estas macroestructuras tienen un enorme potencial para elevar el trabajo realizado por los países de manera individual de manera de permitir, finalmente, los avances necesarios para una América más segura y próspera.