Lo que el oro puede aprender de la vicuña

La crisis de la minería ilegal en el Perú es multidimensional; social, ambiental, política, electoral, jurídica, policial, soberana y hasta eclesial, pues los obispos de la Amazonía que han protestado hoy reciben amenazas.

La minería ilegal no termina en la draga del río Madre de Dios; es una cadena productiva internacional con muchos eslabones cómodos y respetables: personas que financian el capital de trabajo de procesadoras de oro, bancos peruanos y globales, auditores internacionales, asesores financieros y legales, transportadores de valores que llevan las barras doré desde la planta procesadora al Callao y después hasta los Emiratos Árabes Unidos, navieras y aerolíneas que las embarcan. Cada uno cree estar lejos del lodo. No lo está.

La buena noticia es que la cadena tiene un cuello de botella. El eslabón decisivo no son los mineros dispersos en la Amazonía, imposibles de fiscalizar uno por uno, sino las procesadoras de oro que no cuentan con la tecnología ni infraestructura necesaria para garantizar la trazabilidad y las grandes mineras que compran mineral barato de terceros sin trazabilidad para incrementar margen y volumen. Como ya he sostenido, es probable que abordando bien a apenas cinco empresas que no están cuidando la trazabilidad se resuelva el 80% del problema. Allí hay que mirar.

Pero señalar el cuello de botella no basta; hay que mostrar que cerrarlo es posible. Y lo es, porque otros lo han hecho con productos igual o más difíciles de rastrear. Vale la pena estudiar algunos casos de éxito.

El primero es nuestro, y por eso el más elocuente: la vicuña. Su fibra es de las más caras del mundo y, como el oro, fue durante décadas botín de cazadores furtivos. El Perú construyó un sistema de trazabilidad que funciona: la fibra solo puede obtenerse del ‘chaccu’, la captura y esquila del animal vivo, supervisada por el Estado como autoridad CITES; cada prenda que se exporta lleva certificado de origen y solo un puñado de empresas autorizadas puede usar la marca registrada “Vicuña Perú”, administrada por el Estado, que garantiza que la fibra proviene de animales esquilados vivos y no de la caza ilegal. Es un sistema más complejo que rastrear oro —involucra fauna silvestre, comunidades dispersas y convenios internacionales— y, sin embargo, en lo que respecta a la trazabilidad, es un éxito: hoy es muy difícil colocar fibra de vicuña ilegal en el mercado formal internacional.

Conviene, eso sí, ser honestos con su límite: el sistema aseguró el origen y la población de vicuñas creció dramáticamente, pero no resolvió el problema social, pues los pastores que crían y esquilan la vicuña siguen recibiendo una fracción ínfima del valor de una prenda que se vende por miles de dólares, como bien lo ha denunciado Bloomberg y “The New York Times”, y PETA ha interpuesto demandas por maltrato animal. La lección es doble: la trazabilidad de un bien fungible y valioso es perfectamente alcanzable en el Perú —ya lo hicimos—, pero la trazabilidad por sí sola no hace justicia social si no se la acompaña de algo más.

El segundo caso es el aceite de oliva español. Cada movimiento de aceite a granel debe notificarse de forma previa y obligatoria a un sistema informático del Estado, acompañado de documentos y de un boletín de análisis que certifica que la categoría declarada es la real.

Pero lo más interesante para el Perú es otra pieza del engranaje: el balance de masas. Cada almazara debe cuadrar lo que entra con lo que sale, de modo que un productor no pueda declarar más aceite del que sus olivos verosímilmente pudieron dar. Si una planta exporta más de lo que su capacidad y sus insumos permiten producir, el sistema lo detecta de inmediato: ese excedente solo puede venir de fuera, sin trazabilidad. Es exactamente el control que falta en el oro peruano.

Según la analista de Estudios Económicos de Scotiabank Katherine Salazar, en el 2024, de más de mil empresas exportadoras de oro en el Perú, apenas 46 eran productoras formales; el resto son comercializadoras que se abastecen de procesadoras. El resultado es una brecha escandalosa: el país exporta cerca del doble del oro que extrae formalmente —en el 2025 se produjeron alrededor de 109 toneladas y se exportaron 209—. Cien toneladas de oro que nadie sabe de dónde salieron y no fue por alquimia. Bajo un esquema como el del aceite de oliva español, ese desbalance sería imposible: ninguna procesadora podría exportar más de lo que la producción formal justifica. Si Europa sabe de qué finca salió cada litro de un líquido fungible, el Perú puede —y debe— saber de dónde salió cada gramo de un metal que vale mucho más.

El tercer caso es el de los diamantes de sangre. A inicios de los noventa, las gemas en bruto financiaban guerras civiles en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Lo que cambió las reglas no fue un avance tecnológico: fue una movilización internacional. Organizaciones de la sociedad civil de varios países montaron una campaña que volvió impronunciable la palabra “diamante” sin la pregunta incómoda —¿de dónde viene?— y arrastraron con ellas a gobiernos, a Naciones Unidas y a la propia industria, que entendió que su licencia social estaba en juego.

Esa presión combinada —ciudadana, mediática, diplomática y comercial— forzó en el 2000 la reunión de Kimberley, en Sudáfrica, y en el 2002 el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley. Hoy entre el 97% y el 99% del comercio mundial de diamantes ocurre dentro del esquema; los cargamentos cruzan fronteras en contenedores a prueba de manipulación, con certificado de origen, y Sierra Leona —antiguo símbolo de la sangre— exporta legalmente. El Perú no apagará la minería ilegal a solas; necesita convertir su crisis en una causa internacional, como hicieron quienes derrotaron a los diamantes de sangre.

El oro peruano no es más difícil de rastrear que una prenda de fibra silvestre, un litro de aceite o una piedra que cabe en un puño. Lo que falta no es la posibilidad técnica; falta la decisión de exigirla en el eslabón correcto y de hacer un llamado al orden a las empresas formales que lucran con la cadena productiva de la minería ilegal.

Y conviene recordar por qué urge actuar. Aquí el aguacate mexicano dejó de ser una metáfora para volverse una advertencia legal concreta. El ‘oro verde’ de Michoacán terminó copado por los cárteles —entre ellos ‘Cárteles Unidos’— que extorsionan a productores, queman cargamentos y amenazan inspectores. Pero algo cambió de forma drástica: en febrero del 2025, Estados Unidos designó a esos cárteles, incluido «Cárteles Unidos», como organizaciones terroristas extranjeras.

Bajo la ley estadounidense, brindar “apoyo material” a una organización terrorista extranjera es un delito federal que puede acarrear hasta 20 años de prisión. En la práctica, quien hoy financie, transporte, asegure, comercialice o pague para operar dentro de una cadena controlada por uno de esos grupos podría terminar acusado no de un delito comercial, sino de apoyo al terrorismo. El empacador, el transportista, y/o el que financia ya no enfrentan solo un riesgo reputacional: enfrentan una celda federal.

La advertencia para el Perú es directa. El oro ilegal peruano termina en mercados internacionales y toca el sistema de pagos en Nueva York. El día en que una organización vinculada a la minería ilegal peruana sea designada bajo esa misma lógica —y el debate ya se ha abierto—, todos los eslabones cómodos y respetables de la cadena podrían descubrir que el riesgo no era de otros. Quienes hoy hacen negocios sin asegurarse de dónde viene el oro harían bien en imaginarse explicándole eso a un fiscal federal.

El Perú tiene una de las minerías más modernas y responsables del mundo y, a la vez, una de las más oscuras. No tiene por qué resignarse a esa dualidad. La vicuña nos demuestra que ya sabemos hacerlo. El aceite de oliva nos muestra el cómo hacerlo con excelencia. Los diamantes nos muestran el quién. Y el aguacate nos muestra el porqué: porque el que no se incomoda hoy, mañana descubre que el riesgo ya lo alcanzó.