La ciudad es una construcción colectiva, es la manifestación física de nuestros consensos y conflictos, por lo que es una entidad viva y cambiante. Nuestra Constitución Política reconoce la participación ciudadana en asuntos públicos como un derecho y un deber y, para ello, determina una serie de mecanismos que nos permiten actuar, proponer y fiscalizar el ejercicio público.
En el caso de los gobiernos municipales, el mecanismo más usado es el Presupuesto Participativo (Ley 28056), mediante el que los vecinos pueden proponer las obras que necesitan para mejorar la calidad de vida en sus barrios. En tanto, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible incorpora el concepto de “participación ciudadana efectiva” y lo exige en los procesos de planificación y gestión del suelo. Esto, que puede parecer complejo, debiera garantizar el adecuado involucramiento de los vecinos en la toma de decisiones que van a impactar directa o indirectamente en su hábitat, calidad de vida y patrimonio.
Como define Sherry Arnstein en “La escalera de la participación”, debemos entender la participación ciudadana como el ejercicio del poder desde las personas y como un mecanismo de visibilización e inclusión de los que tienen menos voz. En el ámbito mundial, se destaca el Neighborhood Planning del Reino Unido, que otorga a la gente el poder de producir un instrumento con peso legal que impactará en el desarrollo de su localidad. En el ámbito regional, encontramos buenos ejemplos asociados a la planificación urbana en países como Brasil, Colombia y Argentina, en los que los vecinos ocupan un lugar central en la toma de decisiones.
Es evidente que la participación ciudadana demanda un gran esfuerzo de gestión y consenso, y que el rol de las autoridades debiera ser el de orientar los intereses parciales hacia una visión colectiva de mejor y mayor desarrollo. En el Perú, ello viene funcionando con ciertas limitaciones en los presupuestos participativos distritales, donde la transparencia y la inclusión de las minorías es el mayor reto. En el caso de la planificación urbana, la participación efectiva sigue siendo un anhelo no alcanzado, principalmente debido a la discontinuidad de las políticas públicas y de los proyectos producto de la no reelección de alcaldes y la limitada formación técnica y en gestión pública de los representantes y funcionarios. La ausencia de una adecuada participación, comunicación y validación de los planes urbanos genera la indiferencia y el rechazo de los vecinos. Esto debilita la planificación y permite que este tipo de instrumentos sean fácilmente cuestionados y derogados por las nuevas administraciones, postergando acciones y obras fundamentales para la mejora integral del hábitat.
La experiencia de los presupuestos participativos debiera enseñarnos que, cuando hay una motivación concreta y apertura al diálogo, los intereses pueden alinearse y los proyectos convertirse en obras. En ese sentido, organismos como el Banco Mundial promueven la participación ciudadana como un componente esencial de las operaciones que respaldan. El difundido proyecto de Zonas de Tránsito Calmo (ZTC), que se está trabajando con la Municipalidad Metropolitana de Lima y cinco distritos (La Molina, Lince, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo), busca poner a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones. La metodología planteada incluye una serie de talleres y acciones demostrativas orientadas a consolidar una propuesta que aporte seguridad, inclusión y valor, a través de recuperar la calle para los peatones y proponer reajustes normativos que promuevan los usos mixtos. Si bien el ámbito de intervención es acotado, los resultados debieran servirnos para repensar el rol que deben tener los ciudadanos en la planificación distrital, el diseño de las normas y la priorización de la obra pública.
A partir de estas experiencias, podríamos enfocarnos en analizar la mejor funcionalidad de los distritos para fortalecer sus principales competencias, que son las de servir de nexo entre los vecinos y el gobierno provincial, velar por la adecuada convivencia y estimular el desarrollo integral de la comunidad, administrar los espacios públicos viales y recreativos, y promover los equipamientos de escala local. Todo ello con la finalidad de garantizar un hábitat digno para sus ciudadanos en el marco de las políticas y los planes provinciales.
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