Agenda urbana nacional

Durante los últimos meses de campaña, los candidatos concentraron sus promesas en temas relevantes, tales como la economía, la seguridad y la corrupción, pero poco se habló sobre la situación de las ciudades. Con una población mayoritariamente urbana, intervenir en ellas es impactar de forma directa en la vida de millones de peruanos. Sin embargo, cualquier política pública tendrá un alcance limitado mientras no se enfrenten dos problemas estructurales: la informalidad y la limitada capacidad del Estado para gobernar el territorio.

Primero que nada, debemos comprender que la causa principal de la precariedad de nuestras ciudades y hogares es el incentivo permanente a la informalidad en todas sus dimensiones, producto de un Estado que durante décadas asumió que “dejar invadir para luego formalizar” era la forma más rápida y políticamente rentable de enfrentar el problema. En ese sentido, si se quiere trabajar en un cambio profundo, se debe cortar definitivamente con este mecanismo perverso, que solo ha generado pobreza y marginalidad.

Pero, antes de impulsar una ambiciosa política habitacional, debemos resolver lo que separa a la mayoría de las familias de una vivienda adecuada: el acceso a un empleo formal y la inclusión financiera. Recién a partir de ello tendremos una demanda robusta a escala nacional capaz de acceder a inmuebles a través del sistema formal, como sucede en países como Chile y Colombia, donde mayores niveles de formalidad laboral han permitido desarrollar mercados inmobiliarios mucho más dinámicos.

Otro desafío crítico es preparar nuestras ciudades para absorber ese crecimiento. El origen informal de más del 90% del nuevo suelo urbano a escala nacional (Grade, 2020) ha dado lugar a ciudades con un marcado déficit de infraestructura urbana y servicios básicos. El problema central es la debilidad institucional de las municipalidades, que presentan importantes limitaciones administrativas, técnicas y económicas, y carecen de herramientas esenciales como catastros y planes urbanos actualizados para gestionar sus territorios. A ello se suma una escasa capacidad fiscalizadora sobre el uso del suelo y la edificación. Esta situación se repite en las empresas prestadoras de servicios, que no cuentan con recursos suficientes para planificar y mantener redes como las de agua y desagüe, lo que condiciona el desarrollo formal y traslada parte de esa responsabilidad a los desarrolladores y usuarios.

En consecuencia, para atender la demanda de vivienda, necesitamos familias económica y financieramente incluidas, ciudades urbanísticamente preparadas y gobiernos locales fortalecidos.

Con esos objetivos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debería asumir como prioridad el fortalecimiento institucional, técnico, económico y financiero de las municipalidades, promoviendo el catastro como principal herramienta para la gestión territorial, los planes urbanos como instrumentos de protección y promoción del desarrollo sostenible, y la gobernanza urbana como base para impulsar la inversión pública y privada.

Sin embargo, existen dos amenazas que no esperarán la implementación de estas propuestas: el fenómeno de El Niño y la posible ocurrencia de un gran sismo. La gravedad de ambos no radica únicamente en su intensidad, sino en la enorme vulnerabilidad que hemos construido durante décadas de informalidad urbana y edificatoria. En consecuencia, lo primero que debería hacer el gobierno es impulsar una evaluación estratégica de las ciudades más expuestas, implementando mecanismos ágiles para diagnosticar las edificaciones e infraestructuras vulnerables. A partir de ello se debe priorizar intervenciones preventivas para reducir el riesgo, junto con una campaña nacional de formalización de las edificaciones que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad.

En síntesis, la agenda urbana nacional deberá combinar reformas estructurales orientadas a fortalecer la gobernanza territorial, la planificación y el acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, deberá impulsar acciones inmediatas para reducir el riesgo al que hoy están expuestas millones de familias. Para lograrlo, será fundamental que el próximo gobierno coloque a las ciudades en el centro de sus prioridades, y designe un equipo sólido al frente del sector, con la solvencia técnica y liderazgo político necesarios para impulsar esta transformación.