El Perú es un país desordenado y altamente informal. La escasa presencia del Estado en amplios sectores económicos y sociales contrasta con la excesiva regulación para quienes operan en la formalidad. Mientras, la informalidad parece ser invisible a la autoridad, sobre el ciudadano formal recae todo el peso de la ley y un poco más.
¿Cómo se traduce esto en la vida diaria de los peruanos? El 52% de la población urbana vive en barrios vulnerables. Estos barrios han sido ocupados de manera informal, a través de invasiones o compras de terrenos a traficantes de tierras. En estos espacios muchas veces expuestos a riesgos, y sin acceso a títulos de propiedad, infraestructura ni servicios básicos, miles de familias de escasos recursos levantan sus viviendas mediante autoconstrucción, donde, en el mejor de los casos, un vecino maestro de obra dirige los trabajos.
La demanda por acceso a servicios básicos, una vivienda digna y un empleo que permita bienestar para las familias es legítima y urgente. El problema es que las políticas públicas han terminado generando incentivos perversos. Un estudio de Grade sobre el acceso a la vivienda durante los primeros 20 años del siglo XXI encontró que más de la mitad de las ciudades del país expandieron su superficie urbana en alrededor de un 50%, y que cerca del 90% de ese crecimiento fue informal.
Los ciudadanos adquieren lotes sin habilitación urbana, sin título y en muchos casos en zonas de riesgo, convencidos de que, tarde o temprano, el Estado llevará hasta allí agua, desagüe y electricidad y que el Cofopri terminará otorgándoles títulos de propiedad. Es así como el Estado termina promoviendo la informalidad que luego dice combatir.
Cuando se creó el Cofopri, se hizo reconociendo una realidad: millones de peruanos habían llegado durante décadas a las ciudades y, ante la ausencia de una política pública de vivienda, ocuparon terrenos y construyeron sus hogares. Por eso, cuando el Cofopri nació se estableció un límite claro: solo podrían acceder a la titulación quienes acreditaran posesión hasta el 31 de octubre de 1993. Sin embargo, ese límite fue ampliándose. Cada prórroga reforzó la expectativa de futuras regularizaciones, entrega de títulos y acceso a servicios, generando un poderoso incentivo para nuevas invasiones.
El problema de la vivienda en el Perú no se resolverá mientras el propio Estado siga premiando, aunque sea involuntariamente, la expansión informal de nuestras ciudades. La necesidad de vivienda es real; lo que debe cambiar es el sistema de incentivos. Mientras invadir un terreno siga siendo percibido como el camino más probable para acceder, tarde o temprano, a un lote, un título y servicios públicos, las invasiones continuarán.
El país necesita una política de vivienda integral que ordene el crecimiento urbano, frene la expansión descontrolada de asentamientos informales y promueva un desarrollo sostenible. Los traficantes de tierras no pueden seguir siendo un mecanismo de acceso a derechos de propiedad. El Estado debe fortalecer su política habitacional, corregir los programas del Fondo Mivivienda y Techo Propio para responder efectivamente a las necesidades de los segmentos D y E, y aumentar los subsidios allí donde hacen la diferencia. El primer reto: una vivienda familiar no puede tener 25m2. Solo así generaremos una alternativa real a la informalidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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