La presidenta de la República ha anunciado en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio la creación de una Autoridad Nacional Digital. A decir del propio discurso y del borrador de Anteproyecto de Ley que circula estos días para otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar sobre diversas materias, parece que lo que se avecina es un tiempo de oportunidades y de reestructuración estatal para estos fines.
Lo primero que hay que señalar es que la idea de “lo digital” está asociado a reducir la tramitología del Estado y hacerlo, por ende, más eficiente. No es una asociación equivocada. Y es que la llamada “Transformación digital” implica, simplificando, usar las herramientas tecnológicas, plataformas, sistemas, aplicaciones y, sobre todo, la información (los datos), para ser aprovechados por todos. Así, las entidades públicas y organizaciones privadas, utilizarán los datos para ser más eficientes en sus procesos y brindar mejores bienes y servicios a su público objetivo. Un púbico que, dicho sea de paso, ha generado nuevas capacidades en este entorno digital y que demanda rapidez, simplificación y bajos costos. Para todo lo que implica este proceso holístico puede consultarse la Política Nacional de Transformación Digital (2023).
En este proceso lo central son los datos. Ellos reenfocan los servicios públicos en las necesidades del ciudadano. Desde el enfoque privado, en la experiencia del cliente, colaborador o usuario final. Pero, tanto como los datos, lo importante es la calidad de los mismos, su análisis y cómo obtenerlos legítimamente.
Pensando en lo público, por ejemplo, sin duda un programa social del Estado orientado al desarrollo infantil temprano será más eficiente en su cometido si cuenta con información focalizada, mejor aún nominal, sobre los niveles de desnutrición que padece dicho público objetivo en determinado territorio. Tener información de calidad, y no duplicada, sobre el fenómeno criminológico, denuncias, tipos delictivos más recurrentes, perfil del delincuente, factores de riesgo de ciertos territorios, entre otros, sin duda repercutirá en mejores políticas públicas para combatir la inseguridad ciudadana. Un buen análisis de datos debería llevarnos a saber qué información le interesa más a la gente, y tener una actitud más propositiva, y menos reactiva, a la hora de visibilizarla desde una entidad y en la provisión de bienes y servicios públicos.
Profundizar en este proceso de transformación digital requiere liderazgo, sinergias y una visión de conjunto. Requiere también infraestructura, conectividad, educación digital, datos de calidad y confianza en su tratamiento a partir de la ciberseguridad. De ahí que cobre sentido que cualquier reestructuración del Estado para potenciar esta transformación involucre la perspectiva de la protección de los datos personales. Ella es la garante de que cuando se diseñe un programa, una aplicación, una plataforma, para brindar un servicio digital desde el Estado, por ejemplo, se tenga en cuenta el principio la privacidad desde el diseño y por defecto, la minimización de datos (usar solo los necesarios para el fin público trazado), el principio de consentimiento y el de transparencia, entre otros. Y es que como reza un lema fundamental de la bioética moderna, “no todo lo que es técnicamente posible, es éticamente aceptable”. Alguien debe recordarlo siempre.
Una futura agencia o autoridad en lo digital, con prescindencia del nombre (hay mejores), debe integrar a la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y no duplicar funciones con lo que hace a este respecto el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Si la oportunidad se da, también debe aprovecharse para trazar límites materiales y funcionales de la ANPD y la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi; hay superposiciones ahí.
Hay, por supuesto, rediseños que hacer en otros ámbitos y las opciones son muy variadas. La OCDE, por ejemplo, ha remarcado esta necesidad en un Informe del 2024 y en relación a la idea de constituir un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia y un ente rector desde el Ejecutivo que asuma funciones y responsabilidades de control interno; lo que exige también trazar un límite claro con la Contraloría General de la República.
En suma, creo que la ocasión es propicia para ordenar la institucionalidad que tenemos a cargo de varios temas y hacerlo bajo algunas consignas: no sobre regular, no duplicar, sí a mejorar los servicios, sí a facilitar el desarrollo de actividades económicas, sí a los derechos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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