(Ilustración: Rolando Pinillos Romero)
(Ilustración: Rolando Pinillos Romero)
Carlos Basombrío Iglesias

Analista político y experto en temas de seguridad

Hace dos décadas Venezuela era uno de los países latinoamericanos con mejores niveles de vida y con una democracia mediocre, teñida por problemas de corrupción y grandes desigualdades. (Las dos últimas, realidades compartidas con casi toda la región, entonces y ahora).

Hoy es un país en ruinas. Todas las plagas han caído sobre ella. Las que más conmueven recientemente: el hambre y la violencia estatal.
Impacta ver escenas de militares escarbando en la basura para ver si encuentran algo de comer; o a un vendedor de plátanos rodeado por una turba que busca quitárselos; o a mujeres embarazadas, muertas en medio de tiroteos que estallan contra gente que busca comida.

Venezuela, además, se ha vuelto un país donde la vida no vale nada. La delincuencia llega a niveles inusitados. Hoy por hoy el país llanero tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina. En el 2017 esta llegó a 89 por cada 100.000 habitantes (en el Perú fue de 7 por cada 100.000). De los 26.000 homicidios que se registró el año pasado, más de 5.000 se atribuyen a la fuerzas de seguridad.

Durante las protestas del 2017 hubo más de 100 muertos. Y hace poco tuvo lugar el asesinato del policía rebelde Óscar Pérez y sus seis acompañantes rendidos, hecho que la Conferencia Episcopal Venezolana no ha dudado en calificar de “horrenda masacre”.

Todo esto ocurre con un gobierno autoritario, con instituciones controladas por el chavismo, elecciones amañadas, sin libertad de prensa, con control militar de muchas actividades, así como una corrupción galopante.

La comunidad internacional ha ido girando desde los cuestionamientos de diverso calibre al aislamiento y las sanciones económicas. Por su parte, y si bien con lentitud, América Latina ha pasado a la abierta condena (con las notorias excepciones de Bolivia y Nicaragua).

Una transición lo más pacífica y ordenada posible para el restablecimiento de la democracia, así como la canalización de ayuda humanitaria para atender a la población, y luego ayuda internacional para recuperar la destruida economía parecen ser las urgencias más grandes. Ello debiera venir acompañado del establecimiento de responsabilidades y sanciones a los responsables de esta tragedia.

El Perú viene teniendo un papel positivo y de liderazgo en la crisis venezolana. El presidente Pedro Pablo Kuczynski –he sido testigo de ello– ha sido muy enfático en la necesidad de trabajar por esos objetivos. Me consta, también, la inteligencia que ha tenido nuestra cancillería para convertir esos lineamientos en acciones útiles y eficaces. El Grupo de Lima fue una exitosa iniciativa de Torre Tagle que ha reunido a los cancilleres de la región para tener una posición común y que viene cumpliendo un rol muy importante.

De hecho, ayer mismo, el grupo se pronunció con claridad, en su cuarta reunión en Santiago de Chile, ante el sorpresivo anuncio de la Asamblea Constituyente –impuesta por el régimen para quitar poder a la Asamblea Nacional Legislativa– de que las elecciones presidenciales se realizarán antes de que termine abril, y que Nicolás Maduro será el candidato del gobierno. Al respecto, el Grupo de Lima ha sido enfático al señalar que “esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el Gobierno y la oposición”.

La nueva maniobra de los dictadores de Venezuela ratifica el entrampamiento de la situación política en el hermano país.
Y eso es lo peor de la actualidad venezolana: que parece no tener salida rápida, ni menos fácil.

Es que en Venezuela la oposición es ya muy mayoritaria, pero no logra articular estrategias que permitan el fin del régimen de Maduro. Ello ha creado explicables divisiones internas sobre cuál es la mejor forma de acabar con la pesadilla que vive su país.

La nueva situación abre un escenario de incertidumbre que, dada la tensión ya existente y la gravedad de los problemas cotidianos, podría llevar al estallido de violencia y mayor represión.

En ese contexto, es imperativo que nuestra cancillería haga saber a Nicolás Maduro de inmediato que no es bienvenido a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima en abril próximo.

Como ciudadanos también podemos poner nuestro grano de arena, ratificando nuestra hospitalidad a los venezolanos que huyen y buscan refugio en nuestro país.

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