Desidia mortal

Una confusión conceptual y una falta clamorosa de coordinación están bloqueando el combate a las extorsiones.

La policía puede solicitar a las operadoras de telefonía la ubicación de un celular extorsionador cuando la llamada se hace por la telefonía convencional, y las operadoras informan de manera inmediata, sin pedir autorización del juez. Pero los extorsionadores saben esto y, por eso, según fuentes policiales, alrededor del 95% de los mensajes extorsivos se realizan por WhatsApp, donde esa tecnología no funciona. Allí se requiere identificar el IP del celular, y eso solo lo puede hacer Meta o la empresa que corresponda. La PNP tiene convenios con esas empresas para que brinden el IP. Con el IP la policía le pide a la operadora telefónica que le indique la ubicación aproximada, quién es el titular del celular y el historial de llamadas o mensajes. Pero ocurre que las empresas operadoras exigen autorización del juez para dar esa información, alegando que entraña ruptura del secreto de las comunicaciones.

Aquí viene la confusión conceptual: el secreto de las comunicaciones no incluye ni la ubicación ni el titular ni el historial, sino solo el contenido mismo de las conversaciones o los mensajes. Esto es puro sentido común. Pero no, las operadoras exigen una ley para entregar esa información sin autorización del juez.

Mientras esa confusión no se resuelva, el problema es que el fiscal y el juez suelen demorarse semanas en autorizar. En ese lapso se pierde la oportunidad de ubicar y capturar al extorsionador. Esto pese a que la ley 32130 y el Decreto Legislativo 1605 dan un plazo de 24 horas para que el juez ordene el levantamiento de las comunicaciones o la apertura de las cuentas corrientes. Pero esto no se cumple porque la fiscalía ha demandado ante el Tribunal Constitucional esas leyes, las desacata abiertamente y se retiró de la mesa de trabajo para definir los protocolos de coordinación. Es increíble.

Una respuesta inmediata del sistema de justicia sería posible, sin embargo, si estuviera funcionando el expediente judicial electrónico (EJE), que supone una plataforma de interoperabilidad entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La comunicación sería inmediata, por vía electrónica y a cualquier hora.

Lamentablemente, el proyecto del EJE penal está muy atrasado, también por falta de colaboración. Pero entonces debería entrar a tallar la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, para montar una plataforma de emergencia que interconecte a policías, fiscales y jueces para que pueda haber respuesta inmediata. Solo se requiere la voluntad política del primer ministro, Gustavo Adrianzén.

Mientras tanto, debe avanzarse con un equipo de policías, fiscales y jueces comprometidos trabajando juntos, en el mismo local, de manera permanente. Una suerte de unidad de flagrancia ad hoc. Pero ¿quién lo mueve?

El Estado daría un salto cuántico en la lucha contra las extorsiones si se despejara la confusión conceptual y si funcionara un mecanismo de coordinación inmediata entre los responsables. No es posible que las operadoras y el sistema de justicia se resistan y que la PCM no actúe, como si no importaran la economía y la vida de millones de peruanos. ¡Acción ahora!