En los últimos años, el Perú y Chile han avanzado en la construcción de mecanismos de cooperación bilateral y han estrechado lazos económicos y sociales. En ese sentido, la aplicación de un plan de políticas de expulsión masiva de indocumentados (en su mayoría de nacionalidad venezolana) hacia el Perú podría afectar la saludable relación que se tiene con el vecino país.
Por esa razón, el pasado lunes se llevó a cabo la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria. En esta cita, los cancilleres del Perú y Chile, Hugo de Zela y Alberto van Klaveren, establecieron un diagnóstico compartido sobre la situación en la frontera. Lo acordado incluye patrullajes conjuntos, mayor intercambio de información entre instituciones de seguridad y, fundamentalmente, la creación de un grupo técnico que se reunirá en Tacna el 9 de diciembre.
Estas medidas coordinadas buscan fortalecer la capacidad operativa de ambos países y evitar aglomeraciones de migrantes en zonas fronterizas y son positivas. Estos acuerdos han sido dialogados con el gobierno actual de Gabriel Boric. Por ello, es importante instar a quien gane los comicios en el vecino país a respetar lo acordado.
La reunión entre las delegaciones del Perú y Chile se han producido luego de que el candidato presidencial José Antonio Kast planteara un “escudo fronterizo” para combatir la inmigración de indocumentados en su país. El candidato chileno ha prometido blindar 299 kilómetros de “frontera vulnerable” mediante infraestructura física que incluye vallas metálicas, zanjas y canales, complementada con vigilancia tecnológica a través de 24 cámaras fijas, 19 móviles y 39 sensores en zonas de difícil acceso.
Con apenas 200 militares y policías inicialmente asignados, las infiltraciones registradas el mismo lunes 1 de diciembre evidencian que las medidas que toma el Perú resultan insuficientes. Chile alberga a 729 mil venezolanos, de los cuales 137 mil están en situación irregular y constituyen el núcleo de una potencial crisis que podría desbordarse hacia el Perú si se implementa un plan de expulsiones.
Las autoridades peruanas deben anticipar un escenario de contingencia y que el diálogo continúe con el vecino país en su próxima gestión gubernamental. Se necesitan planes operativos concretos para gestionar una posible ola migratoria desde Chile, garantizando orden en las fronteras y respeto por los afectados. Solo así podrá el Perú proteger sus intereses nacionales mientras defiende la dignidad humana de los indocumentados
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