La inseguridad (jurídica y ciudadana)

El 2024 ha llegado con un imperativo: el Perú debe retomar el crecimiento. Y, para ello, necesitamos revertir el clima de desconfianza que existe entre los actores económicos. Para lograrlo, necesitamos un gobierno eficiente que pueda impulsar el crecimiento y la inversión, pero también la reducción de la pobreza y la inclusión. Comenzamos el 2024 con diez millones de peruanos en pobreza, esto es, sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. El gran milagro peruano, que nos llevó a reducir la pobreza del 59% en el 2004 al 20% en el 2020, parece haberse acabado. En gran medida gracias a nuestra clase política y a la falta de una visión de país que no nos permite tener un plan de desarrollo país a 50 años.

El gobierno de Dina Boluarte ha hecho poco para revertir el daño causado por Pedro Castillo y generar confianza tanto en los actores económicos como en los ciudadanos de a pie. Como consecuencia, la inversión privada se mantiene limitada. Cuando la economía se ralentiza y aumenta la pobreza, crece la insatisfacción con la democracia, el Gobierno y el sistema económico. Y si bien se espera que el crecimiento económico en el 2024 sea mayor al de este año, la expectativa es que será cercano al 2%. Cifra que no nos permitirá reducir la pobreza y limitará nuestro potencial de crecimiento hacia el futuro.

¿Cómo logramos revertir esta situación? Para impulsar la inversión privada es necesario mantener la estabilidad macroeconómica, la independencia del BCR, la defensa irrestricta de los derechos de propiedad y los contratos, la seguridad (jurídica y ciudadana), el libre mercado y la libertad individual, garantizando un clima propicio para la inversión. Y, salvo el BCR, no vamos bien en ninguno.

El Estado es incapaz de garantizar la predictibilidad de los contratos y permisos. El poner en marcha cualquier empresa, desde una bodega hasta una mina, requiere de inversión; es decir, un empresario que decida tomar sus ahorros y apostar por el país. Cuando las reglas cambian constantemente y el Gobierno cede ante intereses de terceros, el riesgo de invertir crece, lo que aleja a los inversionistas, quienes preferirán invertir en otros países o simplemente dejar su dinero en el banco.

Los inversionistas quieren tener en claro cuáles son las reglas a las que van a estar sujetos los siguientes años. Por ello, las reglas más básicas no pueden estar en entredicho. Hace unos días, el alcalde de Trujillo decidió arbitrariamente y abusando de su autoridad cerrar el Mall Plaza por 30 días en plena campaña navideña. Dejó sin poder trabajar a 5.000 personas. Y exigió, además, su demolición, luego de que un sicario matara a un exintegrante de la banda Los Pulpos en el patio de comidas. Luego procedió a cerrar un segundo mall: el Real Plaza, dejando a otros miles de peruanos sin poder trabajar en el mes más importante del año. En el colmo de la desfachatez, el alcalde responsabiliza a los comercios por la inseguridad que existe en la ciudad. Este es un ejemplo que muestra cómo el abuso de las autoridades y la inseguridad ciudadana tienen un impacto negativo en el desarrollo económico.

Como consecuencia del aumento en la inseguridad ciudadana, la proliferación de las bandas de extorsionadores, del crimen organizado y el sicariato, así como el crecimiento de las economías ilegales en el Perú, las empresas han debido asumir altos costos para implementar sistemas de seguridad y contratar personal de vigilancia para salvaguardar sus negocios y la seguridad de sus clientes. Recordemos cómo el 2 de diciembre mineros ilegales atacaron las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, asesinando a nueve trabajadores y dejando 23 heridos.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el costo anual de la inseguridad en nuestro país equivale al 3% del PBI peruano. El problema es que los delincuentes –y los políticos– actúan impunemente en nuestro país. No tenemos una Policía Nacional preparada para enfrentar el crimen organizado. Pero tampoco el Ministerio Público ni el Poder Judicial son instituciones que estén cumpliendo con su rol para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo del país.