Hace 25 años, el desierto de Ica producía casi nada exportable. Hoy exporta arándanos a China y paltas a Europa, y ese cambio no fue casualidad: nació de una ley que le dio al agro una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, menos de la mitad de la que paga cualquier otra empresa formal en el país. La pregunta que hoy plantea la OCDE, en su revisión de política tributaria del 2026, es incómoda, pero pertinente: ¿sigue haciendo falta ese subsidio?
Hace 25 años, el desierto de Ica producía casi nada exportable. Hoy exporta arándanos a China y paltas a Europa, y ese cambio no fue casualidad: nació de una ley que le dio al agro una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, menos de la mitad de la que paga cualquier otra empresa formal en el país. La pregunta que hoy plantea la OCDE, en su revisión de política tributaria del 2026, es incómoda, pero pertinente: ¿sigue haciendo falta ese subsidio?
Revisemos los datos duros. El agro exportó US$15.000 millones en el 2025, con un crecimiento de 17% interanual, y sostiene cerca de 900.000 empleos formales, muchos en regiones donde antes solo había informalidad rural. Ese es el activo que nadie debería querer destruir. Pero también es cierto que el Perú recauda apenas 16,3% del PBI en impuestos, el nivel más bajo de la región y de los países miembros del organismo (el promedio de la OCDE se acerca al 35%). El gasto tributario ya supera el 2,2% del PBI, casi lo mismo que nuestro déficit fiscal. La Ley Agraria, prorrogada hasta el 2035, le cuesta al Estado cerca de S/1.900 millones al año: más de lo que se invierte en buena parte del presupuesto de protección social.
La OCDE tiene razón en el diagnóstico: un incentivo diseñado para atraer inversión a un sector naciente no debería sobrevivir intacto 25 años después, cuando ese sector ya demostró que puede competir solo. Pero la izquierda del Congreso, con los proyectos de Analí Márquez, de JPP, y César Holguín, de Ahora Nación, se equivoca en la receta: quiere derogar el régimen entero, sin distinguir entre la empresa que reinvierte en nueva tecnología de riego y la que simplemente reparte dividendos. Aplastar a ambas por igual no corrige una distorsión: puede crear otra.
Se debería buscar una alternativa que no frene el crecimiento de una de las estrellas de la economía y tampoco socave las arcas fiscales. Una salida es condicionar el beneficio a la reinversión. Que la tasa de 15% se mantenga solo sobre las utilidades que una agroexportadora reinvierte en su operación y que la tasa general de 29,5% se aplique a lo que se reparte como dividendo. Así, el subsidio deja de ser un regalo automático por pertenecer al sector y se convierte en lo que siempre debió ser: un incentivo a seguir invirtiendo y generando empleo, no a acumular renta. El diseño no es una invención exótica: el régimen de la Amazonía ya premia la reinversión en lugar de subsidiar sectores enteros sin distinción. Exigiría reglas claras sobre qué cuenta como inversión productiva en lugar de aplicar un porcentaje fijo sobre el valor exportado. No se debe buscar tumbar una buena herramienta, pero sí ajustarla.
El ministro Elmer Cuba, antes de sentarse en el MEF, fue de los primeros en advertir sobre el uso irresponsable de las exoneraciones aprobadas por el Congreso saliente. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que ese diagnóstico se puede traducir en mejores políticas tributarias. El pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo prepara para el Congreso es el vehículo natural: incorporar ahí la reinversión condicionada le permitiría al Gobierno adelantarse a los proyectos de derogación total de la izquierda y ofrecer una salida defendible ante la OCDE. Porque el verdadero riesgo no es que el Estado deje de recaudar unos soles más: es que, por no reformar a tiempo, el país termine apagando de un plumazo el mismo régimen que convirtió ese desierto de Ica en el punto de partida de las paltas y los arándanos que hoy son la estrella de las góndolas del mundo.
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