La hora del empresariado

La ley que permite el aporte de empresas formales a los partidos políticos, aprobada por el Congreso, es clave para eliminar el monopolio que las economías ilegales tenían en el financiamiento de la política, y expandir el apoyo a partidos y candidatos comprometidos con el Estado de derecho que permitan recuperar el Congreso de las garras de las redes ilícitas. Las próximas elecciones generales, y luego las regionales y locales, serán una batalla entre el Perú legal y el Perú ilegal/criminal, en la que se jugará la viabilidad misma de la República y, por eso, las empresas y los ciudadanos tienen que entrar a la cancha realizando los aportes correspondientes.

El problema es que la persecución judicial desatada por el equipo Lava Jato de la fiscalía amedrentó deliberadamente al empresariado. El Caso Briceño es de antología. Pero si los aportes, como requiere la ley, son transparentes o se hacen a través de una cuenta en el Banco de la Nación, el temor debería desaparecer.

Por eso, esta ley es clave, además, para reconectar al empresariado con el destino nacional, con la política. El empresariado es un actor fundamental en el país. De él dependen el crecimiento, la generación de riqueza y la reducción de la pobreza. Increíblemente, sin embargo, fue expulsado de la política por la exclusión legal y por una persecución judicial originada en donaciones de campaña que no eran delito y haberse atrevido a asumir su rol dirigente lanzando una campaña en defensa de la economía de mercado. Y antes por la ideología de clases. Es indispensable recuperarlo.

En realidad, el compromiso del empresariado con el destino nacional es natural. Su crecimiento depende de que haya Estado de derecho y del propio crecimiento del país, y viceversa. En una economía de mercado, ninguna empresa puede crecer si los consumidores no incrementan sus ingresos. No hay juego de suma cero, no hay lucha de clases.

Otra manera de decirlo es que en una economía de mercado libre no hay privilegios rentistas, nadie obtiene ingresos a costa de los demás, sino junto con los demás. Las reglas son iguales para todos. Por eso, el aporte a los partidos no es para obtener luego alguna ventaja particular o mercantilista que no salga del esfuerzo en la libre competencia (la sola transparencia del aporte lo previene). Es a programas que promuevan la institucionalidad y la libertad económica.

El asunto es que ese compromiso natural del empresariado tiene que pasar a ser consciente, asumiendo con decisión su rol dirigente y de liderazgo, más aún ahora, en medio del vacío político que deja el país al garete. ¿Cómo? Financiando a aquellos partidos que decidan juntarse con otros para acordar programas de gobierno comunes –a fin de asegurar un plan consensuado para el 2026– y que hayan adoptado, por ejemplo, la plataforma “Radar Tolerancia Cero” para filtrar candidatos no idóneos. Financiando ‘think tanks’ y portales que den la batalla cultural, campañas de impregnación de los principios de la economía de mercado, observatorios del sistema judicial y de la calidad de los servicios públicos, resucitando Reflexión Ciudadana, etcétera, etcétera. ¡Vamos!