El miércoles, en el pódcast del periodista Fabricio Escajadillo, Antauro Humala dijo algo que vale la pena leer despacio: “Una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder, y nos traicionó y se fue con la hoja de ruta obedeciendo a Vargas Llosa y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel; pero esta vez, Roberto no es Ollanta, y Roberto no tiene a una Nadine al costado, y Antauro no está preso, está libre”.
La frase importa por lo que dice, pero sobre todo por cuándo la dice: tres días después de que Sánchez presentara su nuevo plan de gobierno de 114 páginas con 124 técnicos y cuatro partidos aliados, llamándolo un “programa de consenso” y un giro hacia la gobernabilidad. Antauro escuchó todo eso y respondió, sin despeinarse, que no le preocupa en lo absoluto. Que esta vez las condiciones son distintas. Que Sánchez no va a moderar su rumbo como lo hizo Ollanta en el 2011.
Esa confianza del líder del ‘andahuaylazo’ no nace de la fe. Nace de los hechos.
Retrocedamos una semana. El 12 de mayo, Roberto Sánchez firma en el local de Juntos por el Perú un “compromiso político-social” con la Fenatep, sindicato con vínculos documentados con el Movadef –el brazo político de Sendero Luminoso, disuelto por la Corte Suprema en el 2024–, que incluye un punto explícito: “impulsar la libertad de los luchadores populares y el cese de los llamados juicios penales”. En cristiano: comprometerse a gestionar la excarcelación de condenados del Movadef, varios de los cuales hoy se sientan en su propia bancada en el Congreso como senadores y diputados.
Al día siguiente, el 13 de mayo, la cúpula de Juntos por el Perú recibe en ese mismo local a dirigentes de la Confemin, gremio de mineros informales en el que especialistas advierten que se camufla buena parte de la actividad ilegal. El acuerdo: derogar las normas que endurecen las sanciones contra esa actividad, incluido un decreto legislativo promulgado apenas en marzo de este año.
Todo eso ocurría mientras Sánchez declaraba públicamente que no firmaría ninguna hoja de ruta –en referencia directa al famoso “cambio de polo” de Ollanta en el 2011–. No firmó una hoja de ruta hacia el centro. Firmó compromisos en papel hacia el otro lado, con fecha y firma, cuatro semanas antes de las elecciones.
El tercer vértice del tridente es el propio Antauro, y su rol lleva meses siendo más visible de lo que Sánchez quisiera admitir. Sus reservistas etnocaceristas le brindan seguridad personal al candidato. En el mitin de cierre de primera vuelta, el 8 de abril, Sánchez dijo ante su público que “la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala”. En el debate presidencial, cuando Keiko Fujimori le preguntó directamente si Antauro estaría a su lado en un eventual gobierno, Sánchez no respondió y se retiró sin hablar con la prensa.
Ante las críticas, el candidato intentó el giro: convocó técnicos, sumó partidos, suavizó el lenguaje. El mismo hombre que prometió no firmar ninguna hoja de ruta presentaba ahora, a seis días del balotaje, un documento de consenso que él mismo describía como exactamente eso. El giro al centro duró lo que tardó Antauro en abrir la boca.
¿Pero cuánto duraría ese consenso en un eventual gobierno de Sánchez? La izquierda que hoy se pliega a él tiene un patrón conocido. Se plegó a Fujimori, a Toledo, a Humala, a PPK y a Castillo. Siempre terminó siendo expulsada o simplemente ignorada cuando llegó la hora de gobernar de verdad. Los técnicos de consenso son los primeros en salir cuando hay que pagar las deudas reales. Y las deudas reales, en este caso, tienen nombre y apellido: Antauro, Fenatep-Movadef y los mineros ilegales.
El gran problema es que, al final, estas deudas las termina pagando todo el país.
Elecciones
