Ley MAPE: dialogar y concertar

De acuerdo con un estudio publicado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, tres razones explican el enorme crecimiento de la minería informal e ilegal en el Perú: el alto precio internacional de los metales, la pobreza monetaria rural (41,1% en el 2022) y la informalidad que atraviesa la economía del país (75,7%), agravada por la pandemia (“Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, V&C Analistas, 2024).

En días más recientes, el diario chino “Caixin Global” da detalles acerca de la primera bóveda de oro ‘offshore’ instalada en su país para “atraer a inversores globales”, una decisión que representa una explícita voluntad de “ampliar la participación internacional y potenciar el creciente papel de China en el comercio mundial de lingotes” (26/6/2025). Así pues, ahora el juego del poder incluye la compra de oro por esta gran potencia.

Ante la vigorización mundial del comercio del oro, una pregunta central para el Perú es cómo hacer para que por lo menos una mayoría de los mineros informales y artesanales opte por incorporarse al sistema regulado. No obstante, hay una pregunta previa: ¿por qué lo tendrían que hacer ellos y no el 75% de la mano de obra empleada informalmente en el país, incluida Lima? La particularidad de esta informalidad, ¿está dada porque el oro –y ahora también el cobre– mueve demasiado dinero? ¿Porque afecta el medio ambiente? ¿Por qué alienta la presencia de organizaciones criminales?

En este contexto, cabe recoger las preocupaciones explicitadas en el estudio mencionado, relacionadas con la falta de incentivos para la formalización y la percepción –de los mineros informales– de que los riesgos y costos de formalizarse superan los beneficios de hacerlo. Habría que considerar, además, incentivos que se vinculen con la urgencia de superar la precariedad, en los territorios mineros, de la provisión de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y transporte público, asegurando calidad y efectividad, porque el poco involucramiento del Estado en esos ámbitos está lejos de alentar la formalización.

Partiendo de estos criterios básicos, es evidente que no se trata solo de reprimir o usar la “mano dura”, como si se tratara de la criminalidad organizada. Los incentivos y los compromisos de los protagonistas, tanto como las nuevas normas de acción del Estado, deben quedar consignados, como propone Jaime de Althaus (El Comercio, 12/7/2025), en una ley para la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) cuya formulación requiere una actitud más colaborativa de todos los actores involucrados.