En el Perú, la naturaleza no irrumpe de improviso: irrumpe con calendario. Vivimos sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y actuamos como si el gran sismo fuera un tema de sobremesa y no una certeza geológica. Y cuando no es la tierra, es el agua: lluvias que desbordan, ríos que se salen de cauce, quebradas ocupadas que regresan a cobrar lo invadido. Cambian los titulares, cambia el caudal; el guion se repite porque insistimos en escribirlo igual.
Han pasado casi dos décadas desde el terremoto de Pisco del 2007 y nueve años desde El Niño costero del 2017 y, sin embargo, seguimos discutiendo lo mismo: viviendas levantadas en zonas inundables, reconstrucciones inconclusas y prevención postergada.
Por eso aquí el desastre rara vez es solo natural. La amenaza puede ser inevitable; la tragedia, no. Se fabrica con desidia cotidiana, informalidad tolerada y una gestión que privilegia la reacción sobre la prevención.Los datos confirman que no hablamos de fatalidad, sino de exposición acumulada. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que más de tres millones de personas se encuentran en riesgo muy alto por movimientos en masa (deslizamientos y huaicos) e inundaciones durante la temporada de lluvias. A ello se suma una advertencia reiterada de la contraloría: parte significativa del presupuesto destinado a la prevención y reducción del riesgo no se ejecuta oportunamente, mientras los recursos para la atención de emergencias se liberan con mayor rapidez. En síntesis: prevenimos a destiempo; reaccionamos tarde y caro.
Otros países expuestos a amenazas comparables tomaron otro camino. Después del terremoto del 2010, Chile reforzó sus estándares de construcción y consolidó sistemas de alerta que hoy forman parte de la rutina institucional. Japón convirtió cada gran sismo en una reforma técnica y educativa sostenida; Indonesia, después del tsunami del 2004, desarrolló sistemas de alerta y respuesta más sólidos. Allí el desastre dejó lecciones estructurales; aquí deja comisiones y titulares.Nuestra memoria del riesgo dura lo que dura una transmisión en vivo. La prevención se monta en escenografía –afiches, simulacros, chalecos fluorescentes– y se diluye como política pública. Dominamos el gesto coyuntural, no la disciplina sostenida: mochila incompleta, vivienda sin refuerzo, cauce sin descolmatación ni mantenimiento. Se apaga la sirena y, con ella, la urgencia.Además, tenemos la informalidad: esa república paralela que pesa más que cualquier norma. Se edifica donde no se debe porque hacerlo mal resulta barato y hacerlo bien, costoso. Se ocupa la quebrada, se levanta sin estándares y se “regulariza” al final. Hasta que llega el huaico y el “después” se convierte en duelo, pérdida total, niños sin escuela, barrio evacuado. Entonces el Estado –que debió anticiparse– termina pagando por atender: asistencia tardía, no prevención efectiva.
Mientras tanto, el Ejecutivo administra la contingencia entre alta rotación ministerial y declaraciones de emergencia que se renuevan cada temporada. La gestión se fragmenta entre sectores y niveles de gobierno que coordinan tarde y ejecutan menos de lo previsto en prevención. La respuesta es reactiva: se negocia antes de decidir, se anuncia antes de coordinar y se despliega personal sin asegurar la logística. Esto lo vimos recientemente en Arequipa, donde apareció el presidente junto a la primera ministra sin medidas operativas ni despliegue visible. Así, sin planificación multianual ni autoridad técnica sostenida, la respuesta depende más de la coyuntura que del sistema. Y lo más inquietante es que no se trata de un episodio aislado. El saldo es una ciudadanía atrapada entre dos impotencias: la de la naturaleza y la del Estado. En ese intersticio germina la frase más peligrosa: “Siempre ha sido así”. Esa resignación es el verdadero huaico: arrasa la expectativa de cambio antes de que algo cambie. No es fatalismo: es una decisión política sostenida en el tiempo.
Romper el ciclo no exige heroísmos, sino seriedad: hacer cumplir el ordenamiento territorial, detener la ocupación de quebradas y cauces, invertir sostenidamente en infraestructura preventiva y convertir la gestión del riesgo en un hábito escolar y comunitario.
¿Seguiremos fabricando la tragedia?
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