Mitos y verdades de la reconstrucción, por Fernando Cáceres

Hace algunas semanas, los gobernadores regionales del norte, principalmente Humberto Acuña de Lambayeque y Luis Valdez de La Libertad (ambos de Alianza para el Progreso), pidieron la salida de Pablo de la Flor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Su cabeza rodó, pero las razones de su partida no han sido comprendidas.

La periodista Diana Seminario, por ejemplo, cree que la ira regional se originó en unas declaraciones hechas por De la Flor a este Diario, en las que mencionaba que el principal obstáculo es la falta de capacidades instaladas de los gobiernos regionales y locales. “De la Flor se enfrentó a las regiones desde una supuesta ‘superioridad’, de quien tiene la sartén por el mango y para quien todos los demás son ignorantes”, escribió Seminario esta semana. En tanto, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, apuntó a que el problema radicaba en que “la ejecución presupuestal de la reconstrucción no puede centralizarse en manos de la ARCC”.

La razón de la ira regional no es la susceptibilidad de los gobiernos regionales. Y menos la falta de presupuesto asignado para ejecutar obras (ya había miles de millones transferidos y no ejecutados). La razón es su indignación frente al anuncio – hecho por De la Flor en esa misma entrevista a El Comercio– que se les quitarían a los gobernadores regionales del norte miles de millones que se les iban a transferir, a fin de que sea directamente una unidad ejecutora de la ARCC la que realice las obras.

De la Flor anunció en este Diario: “Vamos a tomar el control de aquellas iniciativas en las que detectemos demoras por parte de las autoridades correspondientes”. En otras palabras, indicó que, ante los serios problemas de ejecución de los gobiernos regionales (que incluyen casos inauditos como el de las cuatro pistas de La Libertad y las defensas ribereñas en Piura), los proyectos pasarían a ser ejecutados por la ARCC.

Sin obras, no hay plata como cancha. Sin plata, no hay clientelismo. Sin clientelismo, no hay votos. Y las elecciones regionales son el próximo año.

Pero sería miope creer que el problema de la ejecución presupuestal se circunscribe a los proyectos en cancha de los gobiernos regionales y locales. Este presupuesto solo alcanza el 26% del total, mientras que el 74% está a cargo de los ministerios.

Un ejemplo en el sector Educación es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) que está a cargo de ejecutar S/2.671 millones en favor de 1.618 instituciones educativas, entre el 2017 y el 2020. Sin embargo, Pronied no tiene capacidad para tremendo desafío.

Usualmente, Pronied interviene alrededor de 30 instituciones educativas cada año. En tanto, para la reconstrucción, en el 2018 habrá que intervenir alrededor de 500; en el 2019, 600; y en el 2020, 300 más.

La alternativa es quitarle recursos a los ministerios para que una unidad ejecutora de la ARCC realice directamente las obras, y así pueda controlar los resultados. Pero tampoco es viable que la ARCC pueda asumir tantos proyectos, por lo que debería buscar a un tercero que ejecute todo el proceso: fichas, bases, expediente técnico, consultas, etc.

Suponiendo que el sector acepte (una tarea no menor), lo siguiente es darle a ese tercero, llamado Project Management Office, las condiciones necesarias para avanzar. El temor es que, en esas circunstancias, los funcionarios de los ministerios no quieran firmar las adjudicaciones por no haber realizado el resto del proceso. En cuyo caso, el tercero no tendrá suficiente control sobre los resultados.
La tarea no es sencilla: hay que definir pronto qué proyectos tanto de los gobiernos regionales como de los ministerios podrían ser ejecutados por la ARCC o un tercero.