El 15 de febrero de 2018, este diario publicó un artículo de mi autoría a propósito del inicio de mi gestión como director de la recién estrenada Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP); en él abordé la cuestión de su utilidad pública, para qué sirve. Ocho años y meses después, culminado el periodo de gestión, me gustaría compartir una reflexión que creo puede ser de interés público, dado que contrasta expectativas y convicciones de inicio con experiencia práctica de ejercicio de un cargo.
Valido de inicio, y por supuesto, mi convicción acerca de la necesidad de construir instituciones. La vieja fórmula británica de checks and balances, pesos y contrapesos para limitar al poder, nos ha enseñado desde el siglo XVII, cuando menos, que es la receta mejor lograda para la defensa de los derechos de la persona.
Por eso es que, en una democracia moderna, lo que proliferan son agencias especializadas. Unidades menores que se desprenden de otras mayores con la idea de hacer un seguimiento más atento y pormenorizado sobre un asunto que, con el paso del tiempo y las necesidades públicas, se va haciendo más importante y por ello justificador de una nueva entidad.
Si una nueva entidad le presta más atención a un asunto de interés público, como lo puede ser la promoción de la transparencia y del derecho al acceso a la información pública, es de esperar que de vez en cuando no esté alineada con el resto de entidades no especializadas; y que, producto de esa disidencia, interpele al poder público que ellas representan.
Pues bien, creo que en este tiempo la autoridad existente, no obstante, los modestos presupuestos públicos asignados, cumplió con su labor. Supervisó cientos de entidades públicas en la verificación de las obligaciones de transparencia en sus portales web y en la atención de solicitudes de acceso a la información; formuló, por ello, sendas recomendaciones. Capacitó a decenas de miles de funcionarios públicos sobre sus obligaciones legales en esta materia; realizó estudios varios, como el vinculado al cumplimiento de la estandarización de costos de reproducción de la información por parte de las entidades públicas, la virtualización del procedimiento de acceso a la información en tiempos de pandemia o sobre la (in)eficacia de la potestad sancionadora del Estado en esta materia. Propició también un nuevo y mejorado marco regulatorio, que se materializó con el Reglamento de la Ley de Transparencia (2024); pero, por sobre todo, fue la opinión técnica autorizada, jamás contaminada por intereses político-gubernamentales de turno, cuando se le preguntó por los contenidos de la Ley de Transparencia en contraste con decisiones de poder opacas. Pero esta es una declaración interesada, claro está; que el ciudadano que desee contrastar información sobre lo afirmado, lo haga por sí mismo. La web Gob.pe de la ANTAIP puede ayudar. Habría que decir lo propio por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, también ejercida desde esta Dirección, pero no es la ocasión.
Quiero más bien ocuparme, en lo que resta, de una constatación: la voluntad es determinante. Fortalecer a las instituciones llamadas a promover y defender derechos no es un gasto superfluo en más burocracia, es más bien la fórmula de éxito en el Estado moderno para velar por ellos haciendo más eficiente los recursos públicos; siempre que se haga desde la especialidad, con personal idóneo ética y profesionalmente, con presupuestos adecuados, acordes con las responsabilidades asumidas, y con respeto a la autonomía e independencia funcional. La OCDE ha remarcado esto para el Perú en un informe de 2024.
Cuando los diseños normativo-institucionales no garantizan ello, todo depende de las personas, las políticas y las técnicas. Y eso puede significar, desde mi experiencia, obstáculos para la consecución de objetivos si la gestión no se alinea con las necesidades gubernamentales o de grupos de poder. Y los personajes diminutos, genuflexos y opacos, que siempre hay y habrá, lo hacen sentir. Pero también puede ocurrir lo contrario. Servidores públicos decididos y preparados, y políticos que apoyan su trabajo para una gestión exitosa a favor los derechos de las mayorías. Que el futuro nos depare siempre como país la posibilidad de contar con ellos; aún creo que son más.
Día 1
