Prohibido preguntar, prohibido decir

“Prohibido preguntar, prohibido decir” parece ser la política oficial sobre la corrupción en el Perú. Los peruanos sabemos muy bien que detrás de las grandes obras públicas hay grandes negociados. Sabemos también que Lava Jato no ha terminado con la corrupción en el sector construcción y que este no es el único sector donde existe corrupción. Y, sin embargo, nada decimos al respecto. ¿Cómo acabar con la corrupción cuando quienes están inmersos en la gran corrupción desde el sector privado no son sancionados ni cuestionados por sus pares?

El movimiento Capitalismo Consciente Perú organizó 22 mesas redondas donde participaron 250 líderes de distintos sectores para responder a la pregunta: ¿cómo podemos desde el sector privado contribuir a mejorar la democracia en el Perú? Uno de los temas más importantes fue la lucha frontal contra la corrupción y la necesidad de que los peruanos levanten la voz contra aquellos que no hacen empresa de manera ética. De hecho, una de las conclusiones fue que el peor enemigo de un empresario es un empresario corrupto.

Solo en el 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública le costaron al país más de S/24 mil millones, de acuerdo con el índice CGR de Corrupción 2021 de la Contraloría General de la República. La entidad con mayor incidencia en corrupción es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y por qué habría de sorprendernos cuando sabemos sobre las grandes obras de infraestructura que se contratan desde ese ministerio? No por nada se dice que en los últimos gobiernos los ministros de Transportes habrían sido los cajeros de los presidentes.

Tres de cada cuatro peruanos creen que detrás de toda obra pública que se hace en el Perú hay actos de corrupción. Si sabemos que las grandes obras de infraestructura están plagadas de actos de corrupción, ¿por qué ninguna empresa se atreve a denunciar cuando un funcionario le pide una coima? ¿Será que en realidad los peruanos estamos bastante cómodos con el sistema tal y como está? Porque, para que exista un funcionario corrupto, debe existir necesariamente una empresa dispuesta a pagar una coima para obtener un beneficio.

Los peruanos cuestionamos constantemente la corrupción. De hecho, según la XII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú de Proética, el 60% de los peruanos considera que la corrupción es el principal problema de país. Y el 86% cree que la corrupción lo perjudica directamente, impactando de manera negativa en su economía familiar. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer los peruanos para detener la corrupción? El 59% de aquellos que dicen haber dado una coima en los últimos 12 meses lo hizo porque considera que, en el Perú, si uno no paga, las cosas no funcionan. Es decir, hemos normalizado la corrupción como mecanismo válido para lograr obtener un contrato, una licencia o evitar una multa. Cuatro de cada cinco peruanos creen que los peruanos son corruptos. La corrupción implica coimear funcionarios para agilizar trámites, pero también pasar por alto la conducta poco ética de proveedores y distribuidores, o comprar sin factura para evitar el IGV.

Lograr encaminar al Perú requiere de líderes conscientes que no teman levantar la voz para señalar aquello que es equivocado y que defiendan sus principios, esos que no son negociables. Necesitamos líderes que promuevan una visión de país. No olvidemos, primero, que antes que empresarios, somos ciudadanos; y, segundo, que los mercados y empresas no serán sostenibles en entornos sociales y políticos que favorecen el abuso del poder, la desigualdad de oportunidades y la corrupción.

Así como exigimos que las autoridades públicas sean transparentes y rindan cuentas, tenemos la obligación de exigirle al sector privado que actúe con transparencia. La corrupción es parte del sistema y es un costo asumido por muchas empresas dentro de los presupuestos de sus proyectos. Por eso, la principal arma contra la corrupción, además de un sistema de incentivos y la persecución y sanción adecuadas, es el compromiso de los CEO y sus directorios. Y ese compromiso va mucho más allá de solo un sistema de ‘compliance’.