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¿Reguladores de papel?, por Fernando Cáceres*

“El Poder Ejecutivo cede fácilmente frente a grupos de interés organizados”.

Fernando Cáceres Freyre Analista de políticas públicas

protesta

“Desde el mismo Congreso se torpedea la autonomía regulatoria cada vez que a un legislador se le ocurre una nueva regulación populista”. (Foto referencial: Archivo El Comercio)

Los organismos reguladores –Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass– han sido creados para regular y supervisar la infraestructura de telecomunicaciones, energía, transporte y agua, garantizando que funcione de manera eficiente en beneficio de los usuarios, el Estado y las empresas prestadoras. Un fino arbitraje de intereses, que requiere de organismos que funcionen de manera independiente –no por ello desconectada– de la política cotidiana.

Lamentablemente, el Gobierno no lo entiende así. La semana pasada comenté acerca de “los 300 de Moquegua”, un grupo de manifestantes, principalmente comerciantes, que se opuso al alza de las tarifas de agua. Frente a lo cual, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró que la Sunass había dejado sin efecto su decisión, lo cual no era cierto, y el presidente Vizcarra decretó “que se forme una comisión donde se discuta este tarifario”. Listo. Mataron la independencia de la Sunass. ¿Y los demás reguladores?

Cambiemos ahora de escenario. Desde hace meses se viene discutiendo en el Congreso una serie de cambios a la Ley Marco de Organismos Reguladores, a propuesta del congresista Miguel Castro de Fuerza Popular, dirigidos a darles más herramientas de gestión y fortalecer su autonomía. En lo primero hay algunas novedades positivas, como la posibilidad de establecer medidas que fomenten la corrección de las conductas, el establecimiento de condiciones mínimas para hacer análisis de impacto regulatorio, etc.

Pero en lo segundo –el refuerzo de la autonomía– la iniciativa difícilmente ayudará. No solo porque el Poder Ejecutivo cede fácilmente frente a grupos de interés organizados (y trata a los reguladores como si fueran sus hermanitos menores), sino porque desde el mismo Congreso se torpedea la autonomía regulatoria cada vez que a un legislador se le ocurre una nueva regulación populista.

Así, por ejemplo, el año pasado, tras que el Osinergmin desarrollara a lo largo del año alrededor de diez procedimientos para implementar el Mercado Mayorista de Electricidad, que debía empezar a operar en octubre pasado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) suspendió su inicio por considerar que las empresas aún no estaban preparadas. En el caso del Osiptel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no hizo caso al Osiptel cuando recomendó, frente al ingreso de Entel y Bitel, que aún no se abriera el mercado a los operadores móviles virtuales (comercializadores sin infraestructura), una premura que ha impedido que dinamicen la competencia. En el caso del Ositrán, el MTC varias veces desoyó recomendaciones claves del regulador sobre la carretera Interoceánica. Y así.

Por último, los torpedos también vienen del propio partido del congresista Castro. El congresista Daniel Salaverry ha presentado una iniciativa para regular los megas sobrantes en los celulares pospago, invadiendo la esfera del Osiptel, que es el encargado de establecer las condiciones de uso, sin tampoco tener un sustento que tenga las condiciones mínimas para hacer análisis de impacto regulatorio, que su partido y la OCDE les piden a los reguladores.

Hace algunos meses, cuando trabajaba como viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, tuve una acalorada discusión con autoridades de Puno, entre ellas el gobernador Juan Luque Mamani y el congresista Edilberto Curro. Pedían de forma altisonante que no se aplicaran los descuentos a los maestros que habían participado de una huelga declarada improcedente, y que ya había terminado. No actuaban como autoridades, pensando en el alumno, sino como una extensión de los grupos de interés organizados. Algo parecido a lo que han hecho ahora Villanueva y Vizcarra, en el caso de los 300 de Moquegua.

El Minedu se mantuvo firme y aplicó los descuentos, y si alguien más arriba nos hubiera exigido no hacerlo, estoy seguro de que la alta dirección hubiera renunciado. La carta de la renuncia es potente. Si siguen las presiones a los reguladores, los directores deberían usarla. Girará los reflectores hacia quien viene cambiando las reglas de juego.

*El autor ha realizado consultorias para AFIN.

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