No va más. Al mediático fiscal José Domingo Pérez lo suspendieron seis meses de sus funciones luego de una decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, quien aplica esta medida cautelar a Pérez Gómez subrayando que la decisión se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, “que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”.
Según el documento emitido por la ANC, “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”. Domingo Pérez interfirió en el “proceso a sabiendas que se encontraba legamente impedido de hacerlo” a pesar de que se le solicitó la inhibición; no obstante, continuó avocándose al caso por el período de cinco años y tres meses, aproximadamente.
Pérez alega persecución calificando la sanción de “injusta y abusiva”. “Me toca irme del Ministerio Público como se fue Marita Barreto o se irá Rafael Vela, y seguramente otros fiscales incómodos al poder corrupto”.
Sin embargo, en su relato Pérez Gómez olvida mencionar que efectivamente se abocó indebidamente a la causa de Arsenio Oré Guardia, abogado que fue involucrado en el Caso Cocteles por ejercer la defensa de Keiko Fujimori en su momento.
El Tribunal Constitucional determinó en agosto pasado que el fiscal Pérez no podía investigar al doctor Arsenio Oré Guardia al haberlo imputado por el delito de obstrucción a la justicia. Siendo él mismo el afectado no podía al mismo tiempo investigarlo.
Resulta pertinente conocer al detalle qué hay detrás de esta historia que ha devenido en la sanción a Pérez Gómez.
En enero del 2019, Arsenio Oré Guardia inició una demanda de amparo contra el fiscal superior Rafael Vela Barba y el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez por “vulneración de su deber de objetividad dado que siendo el fiscal José Domingo Pérez perjudicado en la investigación por los supuestos actos de obstrucción, no puede ni podría ser al mismo tiempo un investigador de tales hechos”.
El TC le dio la razón a Oré Guardia en agosto del año pasado. Es decir, Pérez no puede alegar –como lo hace– que recién se entera de que no podía investigar a Oré por una decisión del órgano constitucional, cuando el pedido se dio en el 2019.
¿Y en qué consistía la supuesta obstrucción a la justicia invocada por el entonces fiscal del Caso Lava Jato? En que Oré Guardia había coaccionado a un grupo de testigos para que orienten su declaración; sin embargo, los testigos señalados declararon en su momento no conocer a Oré.
José Domingo Pérez Gómez tendrá ahora seis meses para reflexionar sobre sus actos y entender que el motivo de su sanción es solo un botón de muestra de cómo ha orientado sus investigaciones en los últimos años, “acciones que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”.
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