El Congreso no alcanzó los votos para sumar al expresidente Martín Vizcarra la tercera inhabilitación para ejercer función pública. Se requerían 66 votos, pero solo se alcanzaron 61 en una sesión plenaria semipresencial que no estuvo exenta de incidentes y de ausencias. Es oportuno añadir que solo eran cien los congresistas habilitados para votar porque no habían votado antes en la Comisión Permanente.
El tema de fondo era el cierre del Congreso del 30 de setiembre del 2019 perpetrado por el exmandatario aduciendo una segunda negatoria de confianza, por lo tanto el Ejecutivo tenía la facultad “constitucional” de disolver el Congreso. Sin embargo, la figura de denegación fáctica que usó Vizcarra no existe en la Carta Magna, pese a que en enero del 2020 por mayoría el Tribunal Constitucional validó la irregular disolución del Parlamento.
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales apuntaba a la responsabilidad política por haberse planteado cuestión de confianza –en setiembre del 2019– para suspender el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso “pese a no haber sido aprobado por el Consejo de Ministros”.
Más allá de la discusión constitucional de fondo y de forma, el Parlamento perdió ayer la gran oportunidad de sentar un precedente sancionando a todos aquellos que se atrevan –con subterfugios legales disfrazados de razones constitucionales– quebrar el Estado de derecho.
El Parlamento tuvo la oportunidad de hacer respetar la Constitución, pero prefirió mirar de costado y adelantar sus vacaciones. Ya el Tribunal Constitucional en el 2023 enmendó la plana a sus predecesores fallando que “es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y establece que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento o su negatoria”. De esta manera, el TC puso candado a los apetitos golpistas de aventureros de la política.
Como dijo el miércoles en Canal N el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, “de todas las inhabilitaciones esta era la más importante”.
Vizcarra ya tiene dos inhabilitaciones en su contra y se jacta sin rubor de que será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que levantará este impedimento, por lo tanto podría, según él, ser candidato presidencial en las elecciones del próximo año. Se olvida el expresidente que para ello debe agotar primero la vía nacional y ya presentó dos recursos ante el TC, al que –por cierto– ayer calificó de “brazo político y judicial” del Congreso.
Ayer, la bancada de Renovación Popular presentó una reconsideración a la votación del miércoles último que se dio en la modalidad semipresencial en la víspera de un feriado largo.
Visto los congresistas que registraron su asistencia para votar llama la atención, por ejemplo, que de 21 integrantes de Fuerza Popular, solo 15 marcaron su voto (a favor), de Podemos de 14 solo votaron 6 (a favor), en APP de 14 votaron 6 (a favor) y en Perú Libre de 11 integrantes 6 votaron a favor y tuvieron una abstención.
Algunos parlamentarios tendrían que evaluar sus prioridades o en su defecto sincerar qué negocian bajo la mesa.
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