Editorial 1: Corrección política

El sábado pasado, en declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció, como quien da cuenta de una decisión tomada, que “los congresistas ya no van a tener seguridad” y que los efectivos policiales dedicados a resguardarlos serían destinados a combatir la inseguridad ciudadana. Incluso, por si acaso quedaba alguna duda de que lo descrito sería eventualmente implementado, el miembro del Gabinete aseguró que sería materia de un decreto supremo a ser “aprobado próximamente”.

Ayer, cuando la medida de matices populistas parecía próxima a confirmarse, sin embargo, el presidente Martín Vizcarra, al ser consultado sobre el tema, corrigió lo dicho por Morán: “No se ha definido eso, es una propuesta que se hace”, dijo e insistió en ello unas horas más tarde en una entrevista en RPP.

Dados los antecedentes del jefe del Estado, lo más probable es que la enmendada de plana que nos ocupa haya sido consecuencia de las duras críticas que ha recibido lo planteado por el titular del Interior y su cuestionable trascendencia técnica. En fin, si estuviésemos ante algo distinto, como un miembro del Gabinete anunciando decretos supremos sin la autorización del mandatario, la circunstancia sería muchísimo más grave y Morán debería dejar su cargo.

El presidente, empero, ha hecho costumbre de irse contra sus allegados o sus decisiones cuando estos han sido objeto de controversias, so pena de que estas le salpiquen. Basta con ver, por ejemplo, cómo aseguró que tenía que “preparar el argumento” para cancelar la licencia de construcción que su propia gestión le dio al proyecto Tía María, ante las protestas en torno al mismo; o cuando rechazó rotundamente las evasivas navideñas a las que apeló la otrora ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, para no responder a preguntas sobre un feminicidio.

En suma, se trata de correcciones que se saborean políticas, toda vez que parecen tener como objetivo preservar la abultada aprobación que mantiene el jefe del Estado en las encuestas. Sin embargo, la verdad es que este modus operandi, aunque el presidente pueda creer que lo beneficia, termina pasándole factura a su administración, haciéndola lucir, por lo menos, como descoordinada.