Editorial: Cambios previsionales

La propuesta de referéndum para diversas modificaciones constitucionales no fue la única sorpresa del discurso presidencial por Fiestas Patrias. Un asunto que llamó la atención por su alcance fue la referencia del presidente Vizcarra a los numerosos juicios pendientes contra la ONP. “En el 2015, el 88% de demandas presentadas contra el Estado se concentraron en pocas entidades de la administración pública, y el 29% de demandas estuvieron dirigidas contra la ONP, siendo la entidad pública más demandada”, señaló el mandatario, para luego disponer que, en un plazo de quince días, la entidad previsional presente un plan de descarga procesal que “evite a nuestros adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no merecen”.

La iniciativa del mandatario ha sido bien recibida. La judicialización de procesos que bien podrían ser resueltos en un plazo más breve por la vía administrativa es una falla general de este y otros mecanismos estatales de atención al público. Encarar esta distorsión de las reglas de juego acortaría plazos y ahorraría recursos tanto a los afiliados y pensionistas de la ONP como a la institución misma y al Poder Judicial (solo en abogados la ONP habría gastado S/166,6 millones en los últimos diez años). Como señaló el presidente, “no podemos permitir que un juez disponga de su tiempo para estos procesos en su mayoría contenciosos administrativos en vez de darle celeridad a los procesos abiertos por acusaciones de actos de corrupción”.

La causa de fondo de esta sobrejudicialización, sin embargo, va más allá del alcance de la propuesta del mandatario. La ONP, como otros sistemas de reparto, dispone de un número mínimo de años de cotización –en este caso, 20– como condición para poder acceder a una pensión. En un mercado laboral donde el empleo informal es la regla más que la excepción, esto genera que personas que solo pudieron insertarse al sector formal por un período menor a dos décadas –o no puedan acreditar más tiempo de trabajo formal– pierdan todo lo aportado. Según diversas investigaciones, este es el caso para aproximadamente dos de cada tres afiliados a la ONP. Sus aportes sirven, más bien, para financiar las pensiones de aquellos que sí pudieron participar del mercado laboral formal por 20 años o más, y que presumiblemente se hallan desde el inicio en una mejor posición económica.

Este mecanismo genera demandas que terminan por colapsar el sistema. A las personas que intentan demostrar 20 o más años de aporte, se suman las demandas de quienes desean contar con un mayor bono de reconocimiento para migrar al Sistema Privado de Pensiones y otras de familiares que reclaman por su pensión de viudez, orfandad y ascendencia, y que pueden durar hasta una década en resolverse. El resultado: los aproximadamente 70.000 procesos judiciales en curso que enfrentaría hoy la ONP. Un sistema administrativo que estandarice los reclamos para darles pronta solución es un avance, pero no ataca la raíz del problema que está en el sistema de reparto.

Más aun, la ONP es un sistema deficitario. Los aportes de los afiliados no son suficientes para pagar las pensiones de sus jubilados. Para cubrir la diferencia, se requiere año a año de transferencias del sector público –es decir, de la ayuda de los contribuyentes nacionales–. A largo plazo, esta situación tenderá a agravarse en línea con el envejecimiento de la población.

La verdadera sorpresa de la propuesta del presidente Vizcarra bien podría ser que su anuncio –inadvertidamente– motive una discusión seria sobre la reforma integral del sistema previsional peruano –AFP incluidas–. El mismo presidente de la ONP, Alejandro Arrieta, propuso hace no mucho la discusión de la transición de su institución hacia una AFP pública. Caminos como este o alternativos pueden explorarse. El sistema de pensiones, por naturaleza, es de muy largo plazo; eso no significa que dispongamos de igual horizonte temporal para hacer las reformas que se requieren.