El presidente investigado

Todos los países tienen algún sistema especial para proteger temporalmente a sus máximas autoridades de la mayor parte de acusaciones y procesos judiciales que pudieran suscitarse durante el ejercicio de su cargo. En el Perú, el artículo 117 de la Constitución estipula que el presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir elecciones y por disolver el Congreso ilegalmente o impedir su funcionamiento y el de los órganos electorales. Eso es todo.

Es precisamente este artículo lo que sirvió como justificación a la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos para suspender las investigaciones a dos mandatarios consecutivos. El primer beneficiado con la interpretación de la fiscal fue el expresidente Martín Vizcarra en octubre del 2020, que se encontraba en problemas debido a sus vínculos con Richard Cisneros (más conocido como Richard Swing). El segundo fue Pedro Castillo en enero de este año, por su supuesta participación en la licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) y en la licitación para abastecer de biodiésel a Petro-Perú. Ambos procesos, como sabemos, terminaron siendo anulados en su momento luego de que se ventilasen las irregularidades que se habían cometido en los mismos. Al actual presidente, además, se le abrió otra investigación preliminar –también suspendida– por su presunta injerencia en los ascensos militares y policiales.

Pero la lógica constitucional de la anterior fiscal de la Nación fue siempre debatible. Si bien no puede haber acusación para el presidente fuera de las excepciones del artículo 117, la investigación no está restringida textualmente en la Constitución. Y, de hecho, esperar hasta que el mandatario deje el cargo implica poner en riesgo el acopio de pruebas y los testimonios que las autoridades requieran. Esta ha sido ahora la interpretación del actual titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, quien abrió investigación preliminar al presidente Castillo (algo inédito en la historia reciente de nuestro país), incorporándolo en las pesquisas que se siguen a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y seis congresistas de Acción Popular. Adicionalmente, un nuevo colaborador eficaz asegura que el mandatario recibió S/30 mil de Zamir Villaverde, empresario hoy en prisión preventiva, a través de Silva.

Hasta ahora, el presidente Castillo ha afrontado las críticas a su gestión con una bastante conocida retórica de victimización. Lo hace frente a la oposición política, a la prensa, a los empresarios y a cualquiera que llame la atención sobre sus limitaciones y decisiones. Sin duda, esta vez intentará hacer lo propio, pero ante la fiscalía esa estrategia no llegará muy lejos. Lo mejor para el país y para él mismo es que se allane a las investigaciones. En la actual coyuntura, cualquier otra postura invitaría a muchísima mayor inestabilidad.

Esta trama, además, pone una luz especial sobre la próxima elección de fiscales supremos. Entre hoy y mañana tomarán lugar las entrevistas para elegir a los ocupantes de dos plazas de las vacantes por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Entre los tres candidatos, hay una candidata cercana a Ávalos: Delia Espinoza. Si esta fuera seleccionada, existe la posibilidad de que pueda ser nombrada sucesora de Pablo Sánchez o de que la exfiscal de la Nación regrese a su puesto anterior y que las investigaciones al presidente Castillo vuelvan a ser suspendidas.

Una investigación preliminar a un mandatario en funciones es, sin duda, un asunto tremendamente delicado que debe ser tratado con seriedad y apego a la ley y la Constitución. En su decisión, el fiscal Sánchez ha hecho bien en notar que la protección legal al presidente “debe ser compatibilizada con la obligación también constitucional del Estado de perseguir el delito”, y que la existencia de una organización criminal en el Estado –de la que Castillo sería el líder– amenaza “la propia existencia del sistema democrático de derecho y eventualmente perjudicaría el desarrollo integral y equilibrado de la nación”. En este nuevo contexto, la victimización ya no es una opción. Al presidente solo le queda decir la verdad.