Editorial: El show no debe continuar

El presidente Pedro Castillo se ha embarcado en estos días en una maratón de actividades que buscan transmitir una disposición a la transparencia y una solvencia en el manejo de algunos asuntos de gobierno que no existen. La más reciente fue la frustrada “ceremonia” que, con la presencia del mandatario, se iba a celebrar ayer en el Grupo Aéreo N° 8 para expulsar a 41 ciudadanos venezolanos que habían sido intervenidos durante un operativo en la madrugada. Bochornosamente, el acto debió ser suspendido a último momento porque el avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que debía trasladar a los extranjeros no tenía permiso para ingresar a Venezuela: una circunstancia que revela lo improvisado de la medida.

¿Qué tenía que hacer el jefe del Estado en un trance de esa naturaleza? Pues nada, salvo quizás tratar de sintonizar con el considerable segmento de la población que ha desarrollado una animadversión por los migrantes del país caribeño amparada en el prejuicio de que son ellos la causa del incremento de la inseguridad en el territorio nacional. La verdad, pues, es que todo pareció una puesta en escena para dar a la ciudadanía la sensación de que el Gobierno tiene alguna estrategia contra el desbordante incremento de la inseguridad que padecemos actualmente en Lima y otras regiones. Tras el retiro al que se vio forzado el presidente cuando se conoció que la aeronave no contaba con la autorización requerida para cumplir con el plan, sin embargo, el resultado debe haber sido el inverso.

En esa misma línea –es decir, la de procurar producir la impresión de que la administración tiene diseñada alguna respuesta a los problemas más serios que enfrenta–, podemos ubicar la reunión del jueves pasado del presidente Castillo con cuatro exministros de Economía, así como la que sostuvo luego con los representantes de las empresas mineras más importantes del país. La economía en general y la minería en particular son, como se sabe, dos de los asuntos que más severamente parecen habérsele ido de las manos al Gobierno. Lo único que produjeron las citas, no obstante, fueron unas vistosas fotos para el recuerdo.

De modo semejante, hemos asistido en la última semana a una sucesión de gestos que intentan contrarrestar la opacidad que ha rodeado la actuación del presidente en diversos contextos. Nos referimos a su presunta intervención en la presión que se ejerció para que favoreciese el ascenso de determinados oficiales en el Ejército y la FAP, así como a sus inquietantes reuniones en el inmueble del pasaje Sarratea o el mismo Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, el mandatario no ha entregado todavía la lista de los furtivos visitantes de la casa de Breña, ha reprogramado ya en dos oportunidades la cita en la que debía presentar ante el Ministerio Público su testimonio sobre el escándalo de los ascensos militares y ha sido señalado como el responsable de que los fiscales que acudieron este lunes a la Casa de Pizarro no pudieran entrar al despacho de la secretaría de la presidencia para recabar información sobre el encuentro en el que él participó con el gerente general de Petro-Perú, la señora Karelim López y el empresario Samir Abudayeh… solo 13 días antes de que la empresa representada por este último ganara una licitación por US$74 millones para venderle biodiésel a Petro-Perú.

En ese sentido, la jornada de antes de ayer estuvo marcada por dos eventos que, en honor a la verdad, dejan también el sabor de ser esencialmente puestas en escena para aparentar transparencia: la marcha a pie del jefe del Estado hasta las oficinas de la fiscal de la Nación (a la que no había sido convocado) y la reunión que sostuvo con cinco periodistas (y en la que se comprometió a ofrecer entrevistas a partir del próximo año). Un show, en suma, que no parecería estar encandilando a nadie en la platea y que, en aras del sinceramiento de lo que sucede desde hace un tiempo tras los entretelones del poder, no debería continuar.