La forma del agua

Cuando el actual ciclo de altos precios de los minerales culmine –y culminará, sin duda alguna, porque esa es la naturaleza de los ciclos–, el Perú no tendrá demasiado para mostrar como resultado de las inversiones ejecutadas durante el período de bonanza. A diferencia del superciclo de hace una década, cuando salieron adelante proyectos mineros muy grandes como la ampliación de Cerro Verde (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac), esta vez la cosecha será más modesta. La enorme excepción es el proyecto de cobre Quellaveco (Moquegua).

La mina –de aproximadamente US$5.500 millones y a punto de entrar en fase comercial– es la inversión más grande que ha tenido el país en mucho tiempo y, actualmente, no hay ningún proyecto que iguale sus dimensiones en fases avanzadas. Eso hace especialmente preocupante la facilidad con la que el gobierno del presidente Pedro Castillo ha decidido “evaluar” si mantiene o suspende la licencia de uso de agua superficial otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a Anglo American Quellaveco, operadora de la mina.

A fines de agosto, Quellaveco recibió la autorización para utilizar agua de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo. Según explicó el propio gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, la propuesta sobre uso de agua ha sido socializada desde hace más de diez años y “se usará el agua de mala calidad del río Titire para la operación de Quellaveco; a cambio, la empresa Anglo American construyó la represa Vizcachas de más de 60 millones de metros cúbicos para compensar con agua de buena calidad”. El contenido de boro y arsénico hace inutilizable el agua del río Titire para consumo humano. En otras palabras, el proyecto reemplazará agua de mala calidad por agua apta para diferentes usos.

Dentro de todos los errores económicos y malas señales a la inversión que ha impulsado el actual gobierno –y vaya que ha habido varias–, probablemente ninguna sería tan grave como la arbitraria suspensión de la licencia de uso de agua a Quellaveco. No solo por el impacto económico directo sobre el producto nacional (de acuerdo con el Banco Central de Reserva, la paralización del proyecto costaría 0,3% del crecimiento del PBI este año y podría ascender a 0,7% en el 2023), sino principalmente por el nefasto mensaje que envía a cualquier inversionista.

Quellaveco, por sus dimensiones, tiene un potencial insuperable para generar ingresos, tributos y divisas al país. La apuesta de la compañía inglesa ha cumplido toda la normativa ambiental y pasado por todos los filtros administrativos a lo largo de años de inversión y comunicación con las autoridades y comunidades. Diferentes gobiernos, de hecho, pusieron este proyecto como un ejemplo de buen trabajo previo a la fase de operación. Si incluso una iniciativa con estas características puede ser sometida al capricho y espontaneidad de la administración de turno, movida al ritmo de grupos de interés particulares, el Perú terminará de demostrar que la fuerza del Estado de derecho es apenas una ilusión para el sector minero.

“Que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras, confíen en el Perú y en el gobierno que les garantiza sus inversiones en este país”, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hace apenas unos días en la conferencia minera Perumin. En una semana, plazo que se ha dado el Gobierno para decidir sobre el permiso de aguas, se verá qué tan serias eran entonces las palabras de Torres.

Sin embargo, aun si el Gobierno aceptase continuar con la licencia, el daño a la reputación y predictibilidad del país ya estará hecho. Si no aceptase, el golpe a los estimados de crecimiento económico de los siguientes años será contundente e inmediato.