Editorial: Pensiones y piñatas

Las políticas más difíciles de analizar son aquellas que tienen sus principales efectos en el largo plazo. Por eso mismo, son también las más propensas a caer en trampas populistas que muestran el beneficio inmediato al tiempo que ocultan sus consecuencias perniciosas en los siguientes años y décadas.

En esta perspectiva, quizá sean las políticas pensionarias las que más sufren del sesgo cortoplacista. Al ser un destino obligatorio de una porción del sueldo de los trabajadores, no parten ya de una situación de popularidad. A eso se le agrega que, por definición, se construyen sobre sacrificios inmediatos que solo maduran a lo largo de una vida de trabajo y esfuerzo. Si además se considera que, en el caso peruano, los administradores desde el lado privado son relativamente pocos, su estructura resulta materia fértil para las iniciativas populistas.

De esto ha tomado nota ya el Congreso desde hace algunos años, y ha trabajado en consecuencia. Legislaturas pasadas aprobaron normas como el retiro del 95,5% de los fondos acumulados en las cuentas de las AFP al momento de la jubilación, el adelanto de la edad de retiro bajo ciertas limitaciones y otras iniciativas contrarias al consenso técnico.

Ahora, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por el congresista José Luna Morales (Podemos Perú), ha redoblado los esfuerzos. En el contexto de la crisis actual, el grupo de trabajo ha pasado dictámenes para el reintegro de los aportes a la ONP a sus afiliados y la devolución del 50% de las comisiones cobradas por las AFP si estas no logran rentabilidades por encima de la inflación. Propuestas que se suman al retiro del 25% de los fondos acumulados en las cuentas individuales de las AFP con un tope de 3 UIT (S/12.900), aprobado por el Congreso a comienzos de la crisis.

En su última arremetida, la comisión aprobó esta semana un dictamen que permite el retiro del 100% de los fondos acumulados en las AFP de quienes no registren aportes por más de 12 meses consecutivos. El texto agrega que, para quienes dejaron de aportar desde el inicio del estado de emergencia, se autoriza el retiro excepcional de una UIT (S/4.300) por encima de los retiros ya realizados.

Las críticas a estas iniciativas no vienen de partes interesadas o ideologizadas, sino de especialistas. El Banco Central de Reserva (BCRP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SBS han expresado consistentemente su preocupación por el manejo que se tiene de los ahorros pensionarios. Desde fuera, la agencia calificadora Moody’s ya había advertido sobre los riesgos de este tipo de medidas, en tanto que esta semana Citigroup recomendó a sus clientes vender bonos peruanos debido al proyecto de retiro del 100% de las AFP.

En respuesta, algunos aluden a los efectos macroeconómicos limitados que tuvo el anterior retiro del 25% para impulsar medidas aún más drásticas. En aquella ocasión, no obstante, fue el tope de las 3 UIT y la intervención del BCRP lo que impidió que el daño fuese mayor. Por lo demás, continuar forzando la mano hasta que las autoridades monetarias se queden sin herramientas disponibles es una conducta sumamente irresponsable. En conjunto, las medidas han hecho ya un forado considerable a las pensiones que recibirán los futuros jubilados.

Más aún, el Congreso tiene ya una comisión encargada de elaborar una propuesta de reforma del sistema de pensiones, conformada por todas las bancadas, que avanza para entregar un informe comprehensivo en los siguientes meses. Las iniciativas aprobadas a la fecha son incongruentes con el trabajo de dicha comisión y dificultan su labor.

La misión de los congresistas no es conceder –vale recordar– cada deseo de política que puedan solicitar los ciudadanos, no importa lo popular que sea en el momento. Su trabajo es recoger las preocupaciones e intereses de sus representados para canalizarlos de forma responsable e institucional en políticas sostenibles. Para eso están. De eso trata la democracia representativa y su mandato constitucional. Apelar a la satisfacción del aplauso fácil es, en realidad, abdicar de él.

En una versión anterior de este editorial se decía que el la ley de retiro del 25% de las AFP fue trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Sin embargo, la iniciativa no pasó por dicho grupo.